Los Sindicatos de Inquilinas de Cádiz, la Confederación Estatal de Organizaciones de Mayores (Coespe) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han exigido medidas “urgentes y estructurales” para frenar la crisis de vivienda tras el rechazo parlamentario a la moratoria de desahucios.
Según denuncian, la mayoría conformada por Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya tumbó por segunda vez la prórroga de la moratoria, lo que supondrá la reactivación de 70.000 desahucios paralizados en toda España. De ellos, más de 800 corresponderían a la provincia de Cádiz.
Las organizaciones advierten de que la mayoría de estos lanzamientos afectan a inquilinos que no pueden asumir el pago del alquiler. Además, alertan de que más de un millón de beneficiarios del bono social podrían perder el acceso a suministros básicos como luz, agua o calefacción.
Subida del alquiler y contratos que expiran
Los colectivos sostienen que la moratoria ya era insuficiente, pues durante su vigencia solo habría cubierto aproximadamente un 25% de los desahucios. A esto se suma que este año expirarán más de medio millón de contratos de alquiler en España, cerca de 15.000 en la provincia de Cádiz, en un contexto de fuerte escalada de precios.
Según los datos aportados, el alquiler ha aumentado de media un 40% en los últimos cinco años, mientras que los salarios solo lo han hecho un 20%. En paralelo, denuncian que el precio de una plaza en una residencia privada alcanza los 2.200 euros mensuales. El 75% de las plazas en residencias son privadas y la pensión media no llega a 1.400 euros, con cuatro millones de pensionistas por debajo de los 1.000 euros.
Movilizaciones y crítica al “conflicto generacional”
Tras la caída del llamado Escudo Social, el movimiento por la vivienda convocó concentraciones el 28 de enero y el movimiento pensionista lideró nuevas movilizaciones los días 21, 22 y 23 de febrero. En Cádiz, una protesta celebrada en la Plaza San Juan de Dios finalizó ante la sede del PP.
Las organizaciones rechazan lo que consideran un intento de enfrentar a inquilinas con pensionistas. “No es un conflicto generacional”, sostienen, defendiendo que el problema radica en la mercantilización de la vivienda y de los cuidados en la vejez.
Los convocantes no descartan nuevas movilizaciones y reclaman políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda y una protección real frente a los desahucios.