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La compañía apunta que la electricidad consumida ilegalmente equivale al de una ciudad como Jerez durante diez meses.

Endesa asegura que ha registrado en los últimos dos años un aumento del 16% de los fraudes en la provincia de Cádiz, un aumento que se debe a la intensa labor de la compañía eléctrica, en colaboración con las fuerzas del orden, para poner fin a una situación que supone un incremento anual de 150 millones de euros en la factura de la luz, según los últimos datos de la CNMC. A nivel andaluz, en 2016 se defraudaron más de 623 millones de kilovatios/ (kWh), lo que equivale al consumo de diez meses de una ciudad como Jerez, apunta la empresa, que apunta que se ha incrementado en un 32% respecto a 2015.

En la provincia de Cádiz, Endesa registró en 2016 más de 50 millones de kWh defraudados, equivalentes al consumo mensual de Jerez. Un total de 4.506 detectó la compañía el año pasado, por lo que los datos son similares a los de 2015 (4.584).Por provincias, en 2016, Sevilla fue donde más casos se registraron con 16.183 (54% más que en 2015), debido también a que se trata del núcleo urbano más poblado. Le sigue Málaga con 9.026 casos (22% más que el año anterior), Almería con 5.471 casos (43% más que en 2015), Cádiz con 4.506 casos (datos similares a 2015), Granada con 4.382 (+35%), Jaén con 3.914 casos (+85%), Huelva con 3.428 (cifra similar a 2015), y Córdoba con 3.402 (+18%).

La compañía anuncia estos datos menos de un mes después de registrarse el precio máximo de la luz, que alcanzó máximos históricos durante la ola de frío que asoló España en enero, cuando la cota media alcanzó los 95 euros por megavatio hora (mwh). El Gobierno central cifró el impacto del encarecimiento de la luz en 100 euros al año.

Endesa señala que el 80% del fraude eléctrico en España proviene de empresas del sector industrial y de servicios; y del 20% restante, más del 80% fue debido a particulares que tienen elevados niveles de consumo. En base a estas cifras, sale a la luz que solo el 1% del fraude proviene de enganches ilegales efectuados por familias de bajos ingresos. El fraude eléctrico, apunta la empresa, es también un problema para la seguridad y la salud de las personas que conviven o están próximas al defraudador. Las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad y generan un importante riesgo no solo para aquellos que las manipulan, sino también para las personas que viven o circulan en la proximidad de esas instalaciones.

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