En el segundo aniversario del asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate, la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha denunciado que la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado, con un narcotráfico cada vez más violento y organizado frente a unos agentes que continúan desempeñando su labor sin los medios adecuados. La asociación profesional recuerda que está personada como acusación popular en la causa judicial y que representa a dos de los compañeros que iban en la embarcación arrollada por la narcolancha, por lo que exige que se depuren todas las responsabilidades.
Jucil subraya que el objetivo no es solo esclarecer los hechos, sino sentar un precedente que evite nuevas tragedias, y advierte que “no solo debe haber justicia, sino que tiene que ser ejemplarizante para evitar que otras tragedias vuelvan a repetirse”. En este sentido, la asociación sostiene que el crimen no fue un episodio aislado, sino la consecuencia directa de una cadena de decisiones erróneas y carencias estructurales.
Un problema estructural sin resolver
Desde la organización se insiste en que “la muerte de nuestros compañeros no fue un hecho aislado ni imprevisible. Fue la consecuencia directa de años de abandono institucional, falta de planificación y ausencia de medios marítimos y terrestres suficientes, una situación que ya había sido advertida reiteradamente por asociaciones profesionales y que, lamentablemente, sigue sin corregirse”. Para Jucil, el Estado no ha reaccionado con la contundencia necesaria tras un suceso que evidenció la vulnerabilidad de los agentes frente a organizaciones criminales altamente profesionalizadas.
La asociación denuncia que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil continúa infradotado, con embarcaciones insuficientes, averiadas o inadecuadas para hacer frente a narcolanchas cada vez más potentes. A ello se suma la falta de medios terrestres, con vehículos que superan los 250.000 kilómetros, sin sistemas de seguridad antiempotramiento y sin capacidad real para intervenir con garantías en operaciones de alto riesgo, lo que sitúa a los agentes en una posición de inferioridad constante.
El narcotráfico se expande y gana poder
Según Jucil, los datos oficiales confirman el fracaso del sistema. La última Memoria de la Fiscalía Antidroga refleja que el narcotráfico en Andalucía no solo persiste, sino que se expande y se vuelve más violento, pese a que las cifras oficiales indiquen un descenso de incautaciones de hachís. La propia Fiscalía advierte de que estas estadísticas no reflejan la cantidad real de droga que entra en el mercado, sino, en muchos casos, la insuficiencia de actuaciones policiales por falta de medios.
La asociación asegura que esta realidad se constata sobre el terreno, con un uso cada vez más frecuente de narcolanchas a plena luz del día, el desplazamiento de las rutas hacia ríos como el Guadalquivir y otras zonas del litoral, y un incremento de la violencia, con presencia de armas de guerra, estructuras criminales internacionales y una criminalidad cada vez más agresiva.
Dos años después, Jucil considera que el asesinato de Barbate debería haber supuesto un punto de inflexión, pero sostiene que no se ha reforzado de forma real el servicio marítimo, no se han incrementado las plantillas de manera suficiente y no se ha dotado a los agentes de los recursos necesarios. En este sentido, la asociación advierte de que el riesgo sigue siendo estructural y permanente.
Por ello, insiste en que “no podemos permitir que la muerte de nuestros compañeros quede reducida a un aniversario y a palabras vacías. La mejor forma de honrar su memoria es actuar, reforzar medios y proteger a quienes hoy siguen en primera línea”, y reafirma su intención de continuar ejerciendo la acusación en los tribunales y exigiendo responsabilidades políticas y administrativas, además de reclamar la recuperación de Ocon-Sur y la declaración de ZES (Zona de Especial Singularidad) como medidas clave para combatir el narcotráfico con mayor eficacia.