El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de El Puerto vive una situación cada vez más crítica desde que en mayo de 2024 la gestión pasara a manos de la empresa Óbolo Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social. Según denuncian los sindicatos, se han presentado ya más de 20 reclamaciones ante la Inspección de Trabajo por supuestas irregularidades laborales que afectan directamente a la plantilla y, en consecuencia, a la calidad del servicio.
En mayo de 2025, el Ayuntamiento firmó con Óbolo un contrato por casi 5,4 millones de euros, calificado como histórico por el alcalde Germán Beardo, quien aseguró que aportaría “máximas garantías a las familias” y recogió además la reivindicación de las 35 horas semanales para las trabajadoras. Sin embargo, la realidad es otra.
Impagos e incumplimiento del convenio
La sección sindical de UGT en el SAD, junto a Adelante El Puerto, asegura que las trabajadoras llevan meses denunciando prácticas como nóminas incompletas, impago de conceptos salariales, despidos sin finiquito, aumentos de jornada sin reconocimiento de antigüedad y vulneraciones del convenio provincial. Incluso, subrayan, existe ya una resolución judicial favorable a las empleadas que la empresa ha decidido ignorar, asumiendo sanciones antes que corregir la situación.
“Óbolo incumple sistemáticamente la ley y el pliego, y el Ayuntamiento no actúa para defender a las trabajadoras ni la calidad del servicio”, denuncian desde UGT. La situación es tan delicada que parte de la plantilla lleva sin reconocimiento médico desde octubre de 2024, además de no respetarse descansos, horas extra ni vacaciones. A esto se suman los turnos partidos, prohibidos en el convenio, y la ausencia de material esencial como equipos de protección (EPI), grúas de movilización o formación en emergencias, lo que pone en riesgo tanto a trabajadoras como a usuarios.
CCOO también denuncia esta causa. “Algunas compañeras han visto cómo su salario se ha reducido a más de la mitad, otras ni siquiera han cobrado. Cada mes hay que reclamar incidencias y esperar indefinidamente su resolución. La situación es desesperante”, aseguran desde CCOO a El Puerto Actualidad.
Reuniones con la oposición
La crítica también apunta al Ayuntamiento, al que acusan de no acreditar ni supervisar previamente los domicilios, exponiendo a las empleadas a riesgos desconocidos. Izquierda Unida El Puerto se ha sumado a las denuncias. Su portavoz, José Luis Bueno, afirmó: “No podemos ponernos de perfil mientras las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio sufren retrasos en sus nóminas e incumplimientos del convenio. Instamos al equipo de Gobierno a que tome cartas en el asunto de inmediato, atienda las demandas del comité de empresa y exija a la adjudicataria el cumplimiento del pliego. Y si la empresa no rectifica, que asuma las consecuencias”.
Bueno recordó que “hablamos de un servicio público fundamental, que atiende a personas en situación de dependencia, y no podemos permitir que se degrade por la irresponsabilidad de una empresa que antepone sus intereses económicos al bienestar de las trabajadoras y de las familias usuarias”.
Unión Portuense también mantuvo un encuentro con trabajadoras del SAD para escuchar sus problemas de primera mano. Según denunciaron, pese a que la adjudicación prometía mejoras, en la práctica se están produciendo incumplimientos graves que afectan tanto a sus condiciones como a la calidad asistencial. Entre las quejas, destaca la reducción salarial de unos 70 euros al mes de media, que afecta a una treintena de empleadas y que en algunos casos ha supuesto pérdidas de hasta 4.000 euros. También señalan que determinados pluses han dejado de reconocerse o han cambiado de denominación, alterando su cálculo.
Las trabajadoras recuerdan además que no se han impartido cursos de formación, que la antigüedad no se respeta en los turnos, que no siempre se cumplen las 48 horas de descanso mínimo, que en ocasiones no se informa a las familias al inicio de los servicios y que existen trabas al disfrute de vacaciones.
“Algunas trabajadoras están cobrando menos y no se están cumpliendo otras condiciones”, advirtió Paco Belaustegui, concejal de Unión Portuense, quien recalcó que el pliego recoge mecanismos claros para garantizar el cumplimiento del contrato. “El Gobierno de Germán Beardo tiene la obligación de asegurar que quienes prestan cuidados esenciales puedan trabajar en condiciones dignas y con derechos reconocidos. De no actuar, dejaría desamparadas a estas profesionales”, concluyó.
