Un operativo conjunto llevado a cabo por la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha permitido detectar diversas irregularidades laborales en un establecimiento hotelero situado en El Puerto de Santa María, así como la detención de cuatro ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular. La intervención se enmarca en las actuaciones habituales de control para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de extranjería.
Según han informado fuentes policiales, el dispositivo fue desarrollado por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental, integrada en la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la comisaría de la zona. En la actuación también participaron dos subinspectores de Trabajo, en coordinación con los efectivos policiales, dentro de un operativo diseñado para supervisar posibles infracciones.
El despliegue tuvo como finalidad comprobar el cumplimiento de la legislación laboral y de extranjería, así como prevenir posibles delitos relacionados con la vulneración de los derechos de los trabajadores y la trata de seres humanos. En el marco de la inspección, los agentes procedieron a la identificación de un total de 14 personas, entre empleados del establecimiento hotelero y trabajadores vinculados a dos empresas del sector de la construcción.
Cuatro detenidos por falta de residencia
Como resultado de estas actuaciones, fueron localizados cuatro ciudadanos extranjeros que carecían de autorización tanto de residencia como de trabajo en España. Tras verificarse su situación administrativa, los agentes procedieron a su detención por estancia irregular, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
Asimismo, las autoridades propusieron sanciones contra dos empresas por incumplimientos en materia laboral y de extranjería. Estas sanciones podrían alcanzar cuantías de hasta 100.000 euros por cada trabajador sin autorización. Desde las administraciones implicadas se ha subrayado que este tipo de operativos tiene como objetivo reforzar el cumplimiento de la ley y garantizar la protección de los derechos laborales.