El coordinador provincial de Izquierda Unida Cádiz, Jorge Rodríguez, ha calificado de "insuficientes" las medidas anunciadas por la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, en relación con el caso judicial que investiga un presunto blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico y que tiene a dos empresarios en prisión preventiva —el portuense Pascual Llopis y el nazareno Mario García—. Empresarios que, según denuncia IU, han contado con el patrocinio de la Diputación y de otras administraciones públicas.

Rodríguez ha reivindicado el papel de su formación en que el asunto haya avanzado hasta este punto: "Gracias a la iniciativa de Izquierda Unida, la Diputación ha tenido que fijar posición y comprometerse a personarse en el procedimiento judicial". Para el coordinador provincial, se trata de "un paso importante en defensa de esta institución y de dinero público después de los escándalos que hemos conocido con la implicación tanto de Ayuntamiento de El Puerto, Diputación Provincial y Junta de Andalucía". Sin embargo, ha insistido en que, pese a ese avance, "la respuesta ha sido insuficiente".

La exigencia de una investigación interna

A juicio del dirigente de IU Cádiz, la presidenta de la Diputación "no ha aclarado si la Diputación abrirá una investigación interna para revisar los expedientes o comprobar si hubiera un fallo o posibles responsabilidades políticas". Rodríguez ha lamentado además el silencio de otras instituciones implicadas en el caso, señalando que "mientras la Diputación da este paso, Germán Beardo sigue en silencio y la Junta de Andalucía, de la misma manera, sin dar ningún tipo de explicaciones".

Por ello, el coordinador provincial ha reclamado que el resto de administraciones sigan el ejemplo marcado por la Diputación a instancias de su partido: "Tanto a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Cádiz y al Ayuntamiento de El Puerto, que sigan esta propuesta que se ha llevado a cabo por parte de Izquierda Unida y que la Diputación ha aceptado". Rodríguez ha sido tajante al reclamar que estas instituciones "se personen en el procedimiento", ya que, según ha defendido, "la ciudadanía merece instituciones que den explicaciones y protejan el interés general y no administraciones que estén al servicio del Partido Popular, como es en este caso".

"Los hechos son muy graves", según el diputado provincial

Por su parte, el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, ha incidido en la necesidad de que la institución provincial actúe con contundencia ante la gravedad del asunto: "Es importante que la Diputación dé un paso al frente y, si es necesario, se persone o abra una investigación interna para depurar todas las responsabilidades, ya que los hechos que se están investigando son muy graves y la imagen de la institución puede verse dañada".

Galán ha hecho referencia expresa a las conversaciones que habrían trascendido de un grupo de WhatsApp de los empresarios investigados, en el que, según ha explicado, "se habla de pedir o utilizar la Diputación de Cádiz para la obtención de contratos de patrocinio". Un extremo que, a su juicio, refuerza la necesidad de una respuesta institucional firme.

En este sentido, el diputado provincial ha insistido en que "es muy importante que se dé un paso al frente, se actúe con transparencia, se colabore al máximo con la justicia, y si es necesario, se abra un proceso de investigación interno para depurar todas y cada una de las responsabilidades". 

Desde que se produjo hace más de dos semanas la macrorredada con registros en El Puerto, diferentes localidades de Sevilla, y edificios públicos como el Roma, una de las sedes de la Diputación de Cádiz en la capital gaditana, la institución provincial ordenó paralizar la tramitación o concesión de contratos de patrocinio aprobados para empresas o empresarios involucrados en esta presunta trama, tanto los eventos promovidos por Llopis —Pal Sur Festival o Puro Latino—, como los festivales en los que participan los hermanos Veiga, Carlos y Miguel Ángel.

Estos empresarios gaditanos participan de iniciativas como el No Sin Música o Música del Mar, festivales que han visto paralizada su asignación de dinero público en concepto de patrocinio por estar dos de sus promotores en libertad con cargos debido al desarrollo de esta investigación judicial.