La polémica por los ruidos procedentes de varios chiringuitos en Puerto Sherry, en El Puerto, continúa generando tensión. Ecologistas en Acción ha remitido un escrito al alcalde de la ciudad, Germán Beardo, en el que denuncia graves y reiterados incumplimientos de la legalidad por parte de los establecimientos PhiPhi, Margarita y Blue, señalando además su presunto "beneplácito institucional".
En el documento, la organización ecologista advierte que el alcalde podría incurrir en un "delito de prevaricación" si no actúa ante lo que consideran concesiones ilegales. Los tres locales han recibido este verano, como en temporadas anteriores, licencias para desarrollar actividades de ocio con música, a pesar de que, según Ecologistas en Acción, no cumplen con los requisitos establecidos.
Los decretos firmados el pasado 4 de abril por el propio alcalde otorgan a estos negocios la condición de quioscos-bares, lo que implica que deben ser desmontables y carecer de elementos fijos, según el colectivo ecologista. También limitan el uso musical a pequeñas instalaciones de sonido con música pregrabada, destinadas exclusivamente a ambientar a la clientela.
La realidad, según denuncian, es muy distinta. Los tres locales presentan estructuras fijas como baños, barras de obra, escenarios y torres de sonido, elementos expresamente prohibidos por las autorizaciones. Además, organizan conciertos y sesiones de DJs con equipos de sonido que superan ampliamente los límites permitidos.
Otro aspecto que subraya Ecologistas en Acción es la "ocupación ilegal de suelo público destinado a viario". Según el Plan Especial del Puerto, al tratarse de instalaciones no desmontables, su presencia en ese espacio podría constituir un delito urbanístico, recogido en el artículo 319 del Código Penal.
A este posible delito se suma la "omisión por parte de la administración local. No actuar ante esta situación también está tipificado como infracción penal en el artículo 320, al considerarse una dejación de funciones por parte de los responsables municipales", señalan.
Piden la anulación de las licencias
En consecuencia, la organización ha solicitado al alcalde la anulación inmediata de las autorizaciones otorgadas a los tres locales, tanto las de supuestas instalaciones provisionales como las relativas a actividad hostelera. Consideran que estas licencias se han concedido sobre bases urbanísticas "falsas o ilegales".
Además, exigen la apertura de un expediente disciplinario a los tres establecimientos implicados, así como la imposición de sanciones económicas, conforme a lo previsto en la Ley 13/1999 sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
Por último, reclaman una investigación interna que esclarezca la falta de actuación por parte de la Policía Local y de los departamentos de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento. Ecologistas en Acción considera que esta omisión podría derivar en responsabilidades administrativas o incluso penales.