No facilitar información a la oposición puede costar la inhabilitación para cargo público. Lo sabe bien Maribel Peinado, ex vicepresidenta de Diputación y ex alcaldesa de Puerto Real, quien entre 2011 y 2014 fue acusada de oscurantismo por parte del PSOE local, que llegó a denunciar el caso en Fiscalía. Ahora, el Juzgado de lo Penal número uno de Cádiz la condena a dos años y medio de inhabilitación para ejercer el cargo de alcaldesa, concejala o cualquier otro electivo de ámbito local, autonómico, estatal o europeo por un delito continuado contra los derechos civiles, lo que ha provocado que presente su dimisión del cargo que ostentaba en la administración provincial.
Una treintena de ejemplos exponen los ediles socialistas Ana Mosquera e Iván Canea, propulsores de la denuncia, entre los que se encuentran los cursos realizados por el jefe de Personal del Ayuntamiento, la gestión del complejo municipal de piscinas, la venta de entradas del Concurso de Carnaval y otros gastos y facturas diversos que quería conocer la oposición.
Maribel Peinado, durante el juicio, se defiende asegurando que no se denegó información al PSOE y que los denunciantes no tenían “ningún interés” en conocer la documentación que requerían, simplemente lo hacían “con una finalidad política para simular que la alcaldesa y el equipo de gobierno no dejaba acceder a la información”, según recoge La Voz de Cádiz. La tardanza, justifica Peinado, se debía a que las preguntas que se exponían de forma oral en el pleno de Puerto Real se debían contestar en el siguiente una vez estuviera el acta del anterior, lo que podía tardar en torno a un año.
La ex vicepresidenta de Diputación, que ha renunciado a su cargo de gobierno tras conocerse esta sentencia, asegura que este caso “reflejará la verdad de lo sucedido durante esa etapa y por ello estoy determinada a recurrir la sentencia y agotar las vías de defensa que nos permite el sistema judicial”, según anuncia en un comunicado remitido a los medios. “Entiendo que no existe la comisión de ningún tipo de delito en lo descrito por la sentencia”, apunta Peinado, quien añade que “tanto en gobiernos municipales anteriores al mío como en el actual existen multitud de ejemplos que con la misma vara de medir podrían suponer hechos delictivos incluso de enjundia superior a la reflejada en mi caso”.
“La sentencia además de exculpar gran parte de los supuestos denunciados respecto de los que basa su condena, son supuestos que se contestaron, sin que producida la contestación ulteriormente se ejercitara ningún tipo de acción legal por los denunciantes, siendo ello prueba inequívoca de que no se ocultaba ningún tipo de irregularidad”, finaliza Peinado. La resolución recoge que la denuncia se debió a “un uso partidista”, pero eso no impide que se cometiera un delito “que deba ser objeto de sanción pena”, ya que la denunciada “de manera constante y reiterada a lo largo de la legislatura deja de cumplir su deber de informar”.
La actual portavoz del PSOE de Puerto Real, Elena Amaya, asegura en declaraciones a lavozdelsur.es que respeta las resoluciones judiciales, aunque critica que “de momento mantiene el acta” de diputada provincial. Amaya asegura que la gestión era “opaca” y que “el rodillo del PA hizo lo que le dio la gana” durante la legislatura 2011-2015. “La ciudadanía demanda transparencia”, agrega, por lo que señala que “no se puede coartar la información”.
Podemos pide a Peinado la "dimisión de todos sus cargos"
El coordinador provincial de Podemos en Cádiz, José Ignacio García, exige a Peinado la "dimisión de todos sus cargos", ya que entiende que "por coherencia debería retirarse, dejar de cobrar de Diputación y no dar más lecciones en el Ayuntamiento de Puerto Real". "Peinado ha vuelto a demostrar que está más interesada en aferrarse al cargo, no bajarse del coche oficial y seguir cobrando de lo público", afirma.
"Es escandaloso que ella y su grupo acosen al equipo de gobierno de Puerto Real, de Podemos, con preguntas con el único fin de saturar a la institución mientras que su gobierno, con ella al frente, no informaba para obstaculizar el trabajo de la oposición", asegura García. "No tienen interés por la información, sino por desgastar al gobierno local y bloquear el normal funcionamiento del Ayuntamiento", remata.