El pleno del Ayuntamiento de Chiclana, con mayoría del PSOE, ha rechazado una moción de Podemos para solicitar una auditoría externa sobre la Relación de Puestos de Trabajo, plantilla, financiación y la ejecución del presupuesto del Consorcio de Bomberos de Cádiz durante los últimos diez años. Esta demanda, que en otras ciudades como Cádiz (donde gobierna Por Cádiz Sí Se Puede y Ganar Cádiz) sí ha prosperado, ha surgido a raíz de que el ente se encuentre inmerso en un caso de presunta malversación —dentro de la conocida como Operación Flama—, bajo mandato de populares y socialistas, que asciende a 8 millones de euros. Es el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) quien más está insistiendo en la necesidad de escrutar la gestión seguida en el Consorcio.
"Desde hace algún tiempo llevamos sospechando que el PSOE no está por la labor de que esta auditoría se realice", han lamentado desde la organización sindical en un comunicado, después de la negativa del pleno de Chiclana a solicitar la auditoría externa. Según denuncian, para frenar este objetivo, "el PSOE utiliza argumentos como que cuesta nada menos que 300.000 euros, lo cual nos parece un coste excesivo, o que en el Consorcio de Bomberos hay técnicos cualificados para realizarla, que es como si pusiéramos al zorro a vigilar a las gallinas".
La demanda de fiscalizar la gestión del ente en la última década parte de las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía, a partir de las cuales se les ha tomado declaración en calidad de investigados a un total de trece personas por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, nombramiento ilegal, asociación ilícita, y falsedad documental.
Una de las personas investigadas es Andrés Beffa, socialista que fue presidente del consorcio gaditano de Bomberos cuando supuestamente se cometieron el grueso de estos supuestos delitos que supusieron una carga de ocho millones a la entidad pública. "Podría ser esta una de las razones por las que el PSOE no quiere sacar más trapos sucios, máxime encontrándonos a las puertas de elecciones autonómicas y municipales", sostienen desde el sindicato gaditano.
Del mismo modo, el SBC denuncia que la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguros (Unespa) aporta anualmente al Consorcio gaditano un total de 2,4 millones de euros, sin que en los últimos tres años se hayan justificado el montante total de las inversiones que deben realizarse con estos fondos. En concreto, detallan, "solo se han realizado inversiones por valor de un millón de euros, pero no dicen nada de los 6.200.000 euros que faltan hasta llegar a las aportaciones realizadas por la Unespa en estos tres últimos años, pero tampoco de los años anteriores en los que no se produjo ninguna inversión". "Desconocemos el paradero de millones de euros procedentes de las aportaciones de Unespa al Consorcio", advierten.
Diputación de Cádiz y los ayuntamientos de Cádiz y Los Barrios, han instado en este año a la junta general del Consorcio de Bomberos a llevar a llevar a cabo una auditoría externa sobre la RPT, plantilla, mapa de actuación, financiación del CBPC y de la ejecución del presupuesto de los últimos diez años. El coste estimado de dichos trabajos de auditoría y consultoría necesarios, según anunció el responsable socialista del ente, para hacer frente a esta solicitud sería entorno a los 300.000 euros.