También concede la medida de gracia a otros cinco funcionarios del Consistorio roteño que sumaban penas de prisión por el llamado caso 'Uniformes'. El ministro Catalá lo justifica en que son cuantías "mínimas" que no pueden calificarse como corrupción.
El BOE de este lunes recoge los primeros 11 indultos de 2017. Tres de ellos a condenados por delitos contra la salud pública, uno por lesiones y los otros seis por prevaricación continuada. Se trata de los funcionarios y un exconcejal implicados en el caso horas extra del Ayuntamiento de Rota, por el que durante años se pagó a un funcionario, en forma de horas extra, en su nómina trabajos que el Consistorio debía haber adjudicado vía contrato, aprobados en el Consejo de Ministros del pasado viernes. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha subrayado este miércoles que el indulto concedido a estos funcionarios es "un buen ejemplo" de cuándo esta medida de gracia "tiene sentido", ya que, según ha recalcado, ninguno de ellos estaba condenado por un delito de corrupción "ni nada parecido".
La condena, como recoge eldiario.es, "tiene doble vía: dieron un contrato a un funcionario —algo ilegal— y, además, lo hicieron vía horas extra, un método totalmente irregular. La pena se rebaja, para los que tienen condenas superiores de cárcel, a dos años. Así, si el juez así lo decide, podrán evitar la entrada en prisión. Además, los indultos cambian sus condenas de inhabilitación por suspensiones temporales, por lo que no perderán sus puestos ni su condición de funcionarios". En los pasillos del Congreso, Catalá ha justificado la decisión de indultarles al considerar que haber contratado la confección de unas bandas para unos uniformes para la celebración de las fiestas populares por una cuantía económica "mínima" no se puede calificar como un delito de corrupción.
Según ha explicado, los indultados tenían informes favorables parciales del tribunal sentenciador, apoyos sociales y el respaldo de todos los grupos municipales del Ayuntamiento del citado municipio gaditano, que abogaban por que lo condenados no perdiesen la condición de funcionarios. "Es un indulto parcial, simplemente para que no pierdan esa condición de funcionarios y nos pareció que las causas que concurrían justificaban el ejercicio del indulto", ha resumido el ministro de Justicia.
Ismael Puyana Román, ex concejal de Fiestas y Personal en el gobierno del Partido Popular, pasa de una condena de cuatro años y medio de cárcel a una multa y dos años; y de nueve años y tres meses de inhabilitación a una suspensión temporal de seis meses, con lo que podrá volver a su puesto. El Ayuntamiento envió la petición de indulto en junio, de la que excluyó a la exalcaldesa, Eva Corrales (PP). Pero porque su petición se empezó a tramitar más tarde.