Toda guerra tiene sus víctimas, sus buenos y malos —condicionados, eso sí, a quien lea luego la historia—, sus batallas épicas. Y este conflicto, por tener, hasta posee un castillo del siglo XIII. En el emblemático Castillo de Luna, monumento destacado y sede del Ayuntamiento de Rota, los trabajadores del aeropuerto de la Base llevan desde el pasado 23 de diciembre librando su particular contienda. Encerrados en el salón cultural del edificio, claman contra el despido de 23 compañeros y la sanción a otros nueve. La historia de su enquistado enfrentamiento con su empresa escribirá hoy una página agridulce más. Tras pasar la Nochebuena allí, más de 70 empleados y sus familias despedirán 2017 en su último bastión, su castillo, mientras reclaman la implicación de las autoridades españolas en la resolución de su pugna.
“Nos tomamos las uvas aquí. Este año, esta es nuestra Navidad”, reconoce Carmen Pérez, justo después de apuntarse en la lista en la que los encerrados organizan los turnos de noche. Lo cierto es que Pérez ya está curtida en Nocheviejas amargas. Justo hoy se cumple un año de que la concesionaria del servicio del aeropuerto de la Base —la americana Louis Berger, LBAS— la despidió. Su destitución, junto con otros 11 compañeros más, marcó el inicio de las hostilidades entre la compañía y los 174 empleados. Ahora, 365 días después, los empleados han dado un paso más en sus reivindicaciones. “Con lo que tenemos encima no teníamos muchas ganas de fiesta así que decidimos iniciar el encierro”, reconoce Moisés Pacheco, presidente del comité de empresa, de CCOO.
Pero, ante todo, es el deseo de no rendirse el que guía los pasos de esta lucha sindical: “Dado que las huelgas que hemos planteado hasta ahora no han tenido el impacto esperado, por los servicios mínimos abusivos que impone la Subdelegación del Gobierno de Cádiz, decidimos encerrarnos en el Castillo para visualizar que seguimos en la lucha”. De hecho, el encierro en el Ayuntamiento roteño es la enésima acción de unas tensas relaciones que comenzaron poco tiempo después de que LBAS se hiciese con la concesión de los servicios aeroportuarios de la Base, a finales de agosto de 2016. 
“Argumentaron que como se perdía el servicio a un avión —de los cuatro que operaban simultáneamente— sobraba plantilla, cosa que no es cierta. En una reunión en octubre de ese año nos comunicaron que sobraban 45 trabajadores de los 174, pero que se podía negociar el despido de 15 y la rebaja salarial del resto”, rememora Pacheco. Pero el comité se negó ya que dudaban de que los recortes planteados estuviesen basados en pérdidas reales. Y ahí comenzó la guerra y sus bajas. A principios de 2017 despidieron a 12 empleados, entre los que se encontraba Carmen Pérez y que se sumaban a uno realizado poco antes. En agosto, caen otros tres compañeros más, y en noviembre, otros seis.
Entretanto, la empresa incluso ha despedido a Edgar Smith, secretario del comité de empresa, por causas disciplinarias: como jefe de equipo permitió el descanso para el bocadillo —recogido en convenio, según el sindicato— durante la carga y descarga de un avión. Pero no es la única rescisión por motivos de disciplina. “Una de las despedidas es una azafata que informó a los pasajeros de que, debido a la falta de personal, tenían que esperar”, explica Alfonso Román, miembro del comité. A eso se suman los nueve sancionados, entre ellos el propio presidente del comité, en las sucesivas huelgas y protestas que los empleados han intentado realizar.
“Van a saco con las sanciones porque buscan cualquier excusa para despedir. Ya estamos amenazados de que ahora en enero puede haber otra tanda de despidos. Parece que quieren llegar a esos 45 que anunciaron”, añade Román. Con la tensión en sus cotas más altas, los empleados dicen sentir angustia. “La Inspección de Trabajo encargó un estudio psicosocial y la inspectora determinó que sufrimos ansiedad por las condiciones de trabajo”, reconoce Pacheco.
Mientras, el conflicto laboral llegó a los juzgados por distintas vías y motivos. En octubre, el Juzgado Nº2 de lo Social de Jerez permitió a la empresa extinguir definitivamente la relación laboral de cuatro de los 12 despedidos en a comienzos de 2017. Eso sí, los consideró improcedentes y obligó a la empresa a pagar más de los 20 días por año trabajado que había abonado a los afectados. Carmen Pérez es una de las implicadas por esta sentencia: “Yo he recurrido porque lo que quiero es volver a trabajar, no más dinero”. LBAS también lo hizo, en su caso, porque considera excesivo el aumento de la indemnización.Con juicios y posibles despidos por venir, el Castillo de Luna se ha convertido en su último bastión. “El alcalde —José Javier Ruiz Arana (PSOE)— nos ha permitido estar aquí y se ha volcado en ayudarnos”, reconoce el presidente del comité, justo en la puerta donde dos pancartas comparten protagonismo con un adorno de Navidad. Hasta allí, en los últimos días se han acercado políticos de PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos o Izquierda Unida. A todos ellos les repiten lo mismo, como resume Pacheco: “No nos sirve que se tiren la pelota entre la Junta de Andalucía y el Gobierno. No nos iremos de aquí hasta que el Gobierno se dirija a las autoridades competentes para decirles que la Base está en territorio español y tiene que cumplir las leyes nacionales”.
“Compraremos algunas tortillas y cosas básicas. Esto no es una fiesta. Habrá uvas, pero no langostinos”
Entre proclamas y explicaciones, unas 70 personas van y vienen en la sala. “Hacemos turnos para no quemarnos”, reconoce Pacheco. Carmen Pérez y su hermana Isabel (miembro del comité) son de las incondicionales, hasta tienen su propia cama de camping. Todos pasan el rato hablando o mirando el móvil. Mientras, los niños colorean despreocupados en una mesa habilitada para ellos.
Para esta noche, colocarán unas mesas en el centro de la sala para cenar. Las parejas de los encerrados se han encargado de hacer una colecta entre ellos para comprar los víveres básicos, entre ellos las uvas. “Compraremos algunas tortillas y cosas básicas. Esto no es una fiesta. Habrá uvas, pero no langostinos”, reconoce Isabel Pérez. A las 23.00 horas, como cada noche, cerrarán las puertas del edificio y en su interior, tomarán las uvas como puedan. “Ya veremos si nos conectaremos a la tele o aprovecharemos las campanadas del reloj de la iglesia”, añade Carmen.
Aunque será una noche agridulce, los trabajadores saben que no están solos en su lucha. “El pueblo se ha volcado con nosotros. Ciudadanos y hermandades nos han traído cosas. Estamos muy agradecidos”, explica Carmen Pérez. Ya lo advirtió el propio Arana en una carta enviada a las autoridades de la Base y de la Marina estadounidense: el conflicto laboral va camino de empañar las relaciones y la imagen que la sociedad roteña tiene de la Base. “Se supone que da trabajo y lo único que hacen es recortar empleos”, añade Pacheco.
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