La Junta invierte más de 300.000 euros en la retirada de amianto en dos centros escolares de la localidad, a los que se suman otras actuaciones en municipios como Sanlúcar, Puerto Real o San Roque.
Los CEIP Luis Ponce de León y Pedro Antonio de Alarcón de Rota dirán adiós al amianto después de que la Junta de Andalucía invierta más de 330.000 euros en el desarrollo de trabajos para retirar este componente peligroso de los centros educativos. Los trabajos consisten en la sustitución de las cubiertas de fibrocemento, el repaso de las estructuras metálicas, la recolocación de falsos techos en las zonas en las que se considere necesario solventar el aislamiento térmico y el cumplimiento de la normativa acústica, así como la sustitución de depósitos acumuladores de agua.
Estas actuaciones previstas para el periodo estival en los centros educativos forman parte de la planificación de la retirada progresiva del amianto en las infraestructuras públicas educativas. La fase que se está ejecutando este verano en la provincia afecta a seis centros y supone una inversión que supera los 1,2 millones de euros. Los centros educativos con actuaciones de este tipo en el periodo estival son, además de los dos de Rota, son el CEIP Reggio de Puerto Real, el CEIP El Pino de Sanlúcar de Barrameda, el IES José Cadalso y el IES Carlos Castilla del Pino, ambos de San Roque.
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, y la delegada territorial de Educación, Remedios Palma, han visitado las obras de reforma y mejora dque realiza Educación a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Belizón asegura que "estas obras marchan a buen ritmo, cumpliendo con el compromiso adquirido para que los centros estén en óptimas condiciones según los plazos establecidos desde la Agencia Pública Andaluza de Educación".
El plan de retirada progresiva de amianto en Andalucía, aprobado por el Gobierno andaluz el pasado 5 de julio de 2016 para el período 2016-2022, está dotado con 60 millones de euros, y se lleva a cabo por la Consejería de Educación, través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, adelantándose así al plazo estipulado por la Unión Europea para la puesta en marcha de planes nacionales, en 2028.