La Diputación Provincial de Cádiz va a ejercer acciones judiciales contra la Junta de Andalucía para obtener el restablecimiento del equilibrio contractual o, en su caso, la resolución del contrato de arrendamiento del inmueble ocupado por la Audiencia Provincial de Cádiz, que es propiedad de la Diputación.
Esta decisión ha sido acordada por la Corporación en el pleno celebrado este miércoles y gracias al voto favorable de los diputados de PSOE, Adelante Cádiz, Izquierda Unida y La Línea 100x100; la abstención de Ciudadanos; y los votos en contra del Partido Popular. El representante del grupo de Andalucía por Sí se hallaba ausente en el momento de la votación.
La portavoz del equipo de Gobierno, Ana Carrera, como proponente de esta moción, ha recordado que en el Pleno del pasado 23 de noviembre se acordó requerir a la Junta de Andalucía, como arrendataria del inmueble sito en la Cuesta de las Calesas de Cádiz que, en el plazo de 20 días, comunicara a la Diputación la fecha en la que tiene previsto trasladar la sede de los órganos judiciales que actualmente ocupan el edificio a otra ubicación, fijando en dicha fecha la finalización del contrato de arrendamiento. Además, se le reclamaba que reconozca la obligación de abonar por el uso de la finca una renta anual por el importe inicialmente establecido, actualizado con las variaciones que haya experimentado el Índice de Precios al Consumo (IPC) desde la fecha de formalización del contrato, comprometiéndose al pago de las rentas no prescritas. En dicho requerimiento se hacía saber a la Junta que, de no ser atendido este requerimiento en el plazo indicado, se ejercerían las acciones judiciales pertinentes.
El plazo otorgado a la Junta para dar respuesta a este requerimiento finalizó el día 21 de diciembre de 2022 y es por esto, ha explicado Ana Carrera, “por lo que nos vemos obligados a acudir a la justicia con el fin de defender los intereses de la institución y del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia, que son quienes sufren un perjuicio”.
La Diputación y la Junta de Andalucía suscribieron el 22 de octubre de 2008 un contrato de arrendamiento sobre la Audiencia Provincial. En virtud de este documento administrativo se concedía un plazo de cuatro años para que la administración autonómica erigiera la Ciudad de la Justicia sobre el suelo descrito y en el que se ubicaba la sede del Instituto Nacional de Empleo. En el acuerdo se consideraban dos inmuebles: el solar dispuesto por Diputación de una superficie de 8.388 metros cuadrados valorado en 3.047.149,62 euros; y la sede de la Audiencia, aportada por la Junta, que sumaba un área de 2.178 metros cuadrados tasada en 4.171.438,58 euros.
La diferencia a favor de la Junta —de 1.124.284,96 euros— se compensaba con un contrato de alquiler durante cuatro años, si bien Diputación no percibiría renta alguna en dicho plazo. No obstante, una vez que han pasado quince años desde la firma de este contrato y habida cuenta de que la Administración autonómica ha renunciado públicamente a la construcción de la Ciudad de la Justicia en el solar de la calle Brunete, “nadie puede entender que la Junta de Andalucía se quede con la propiedad de esa parcela y también el edificio de la Audiencia Provincial”.
El propio presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha incidido en esta idea, manifestando que “el espíritu de una permuta es el intercambio de bienes y seguro que cuando un juez determine que esa permuta ha fracasado nos dará la razón”. Ruiz Boix ha lamentado tener que llegar a la vía judicial para solucionar un asunto que “con lealtad institucional, se hubiera resuelto en una mesa”. Precisamente el propio presidente se reunió con el consejero de Justicia de la Junta, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, para plantearle la necesidad de dar una solución a esta cuestión, recibiendo una respuesta negativa a la petición de que se haga efectivo el pago del arrendamiento por el uso del inmueble, con una cuantía económica que ha sido tasada en 313.735,32 euros anuales, o bien proceder al desalojo del mismo.
Ruiz Boix ha expuesto que la cantidad que la Diputación está dejando de percibir en concepto de alquiler del edificio de la Audiencia se podría emplear en fortalecer los diferentes planes de empleo o de realización de obras y mejoras de los servicios públicos que la institución sostiene en el conjunto de la provincia. O en el caso de que le sea devuelta, este inmueble serviría para acoger diferentes servicios que están ubicados en distintas dependencias de la capital y que suponen un gasto por el alquiler de las mismas que supera el millón de euros al año, con lo que el ahorro para las arcas provinciales sería considerable.
En cualquier caso, y a la espera de que la vía judicial permita dar una solución a este conflicto, el presidente de la Diputación ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de la Audiencia, exponiendo que “no iniciamos un procedimiento de desalojo porque sabemos las condiciones en las que están, con los juzgados de San José cerrados y la plantilla hacinada en las oficinas del Estadio”.
El portavoz del Partido Popular, Juan José Ortiz, ha sido el único que ha tomado la palabra en el debate para mostrar su posición contraria a la propuesta del equipo de Gobierno. Ha manifestado que la Consejería de Justicia “mantiene la vigencia del contrato, que dice que en su cláusula cuarta que mientras no esté disponible la nueva sede judicial, la Diputación no tiene derecho a recibir cantidad alguna en concepto de arrendamiento”. Asimismo, ha asegurado que “la Consejería va a seguir trabajando con la mejor voluntad para tener cuanto antes la Ciudad de la Justicia”, prevista según el último proyecto presentado, en los antiguos Depósitos de Tabaco de la ciudad.
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