Hasta 70 millones de euros va a adelantar la Diputación de Cádiz a los municipios integrados en el Servicio Provincial de Recaudación, una decisión adoptada por unanimidad en el pleno de diciembre, y que permitirá anticipar hasta el 75% de la recaudación prevista en concepto de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) e IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas).
La sesión plenaria, celebrada en el Salón Regio y presidida por la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha servido para cerrar el año con acuerdos relevantes en materia económica, social y territorial, además de asuntos vinculados al sector pesquero, la vivienda y conflictos laborales.
El adelanto se articulará mediante la concertación de tres pólizas de crédito, por un importe total de 70 millones de euros, con Caja Rural del Sur (15 millones), Unicaja (50 millones) y Bankinter (5 millones de euros). Según se ha explicado durante el Pleno, estas operaciones no suponen carga financiera para la Diputación ni computan a efectos de los límites establecidos en la normativa de haciendas locales.
Una medida habitual para evitar tensiones financieras municipales
El vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, ha subrayado que esta actuación es una “costumbre” que la institución provincial lleva a cabo cada año por estas fechas con el objetivo de facilitar la gestión económica de los ayuntamientos, “sin importar su color ideológico”. En este sentido, ha destacado que el adelanto de fondos permite que los municipios “no se vean ahogados y puedan asumir sus compromisos” a finales de ejercicio.
Además del apartado económico, el Pleno ha abordado diversas propuestas de los grupos políticos. Entre ellas, el Grupo Socialista ha puesto sobre la mesa la situación de las viviendas de protección oficial de la urbanización La Colada, en Alcalá del Valle, una promoción de más de 30 años de titularidad de la Junta de Andalucía. Según expuso su portavoz, Javier Pizarro, el estado de los inmuebles presenta patologías graves que “ponen en riesgo a los residentes”. El Pleno acordó por unanimidad instar a la Junta y a AVRA a acometer su rehabilitación.
Pesca artesanal, ordenación del territorio y conflictos laborales
Por su parte, Izquierda Unida Andalucía propuso apoyar a las trabajadoras del servicio de limpieza de la Universidad de Cádiz, en conflicto laboral por lo que consideran un “ERE encubierto”. La iniciativa, que insta a la Universidad a mediar para alcanzar un acuerdo justo, fue aprobada con el voto favorable de todos los grupos y la abstención del PP, que alegó falta de competencias.
En materia territorial, el diputado de La Línea 100x100, Sebastián Hidalgo, expuso el escaso desarrollo del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste, aprobado en 2011. El Pleno acordó expresar el compromiso de la Diputación con su reactivación, instar a la Junta a evaluar su grado de ejecución y solicitar su actualización, incorporando nuevos retos climáticos, sociales y económicos.
También salió adelante una iniciativa para que el futuro real decreto de reparto del atún rojo tenga en cuenta la situación de emergencia socioeconómica de la pesca artesanal en la provincia, incluyendo a las flotas de Conil, Barbate y La Atunara, así como una cuota complementaria para Tarifa y Algeciras.
Otros acuerdos y reivindicaciones vecinales
Durante la sesión se aprobaron además los incrementos retributivos para 2025 y 2026 del personal y miembros de la Corporación, la prórroga de acuerdos sobre jubilaciones anticipadas, y un reconocimiento extrajudicial de crédito, este último con la abstención del PSOE.
Tras finalizar el Pleno, una portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos Chiclana Norte denunció el estado de abandono de la carretera de El Marquesado. El diputado de Cooperación, Javier Bello, explicó que en esta vía se invirtieron más de 290.000 euros en 2024, aunque apuntó que la solución pasa por estudiar su cesión al Ayuntamiento de Chiclana para convertirla en una avenida urbana.
Con este Pleno, la Diputación de Cádiz cierra el año aprobando medidas de impacto económico directo en los municipios, al tiempo que fija posiciones en asuntos estratégicos para el desarrollo y la cohesión social de la provincia.