El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido inadmitir la querella por calumnias presentada por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, contra la diputada del PSOE de Cádiz en el Parlamento andaluz, Rocío Arrabal. El regidor la acusaba de realizar declaraciones públicas sobre su presunta implicación en un supuesto caso de abusos sexuales contra dos concejalas de Algeciras, hechos que posteriormente fueron negados por las propias edilas. Según el auto del tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press, para admitir la querella era necesario analizar previamente la verosimilitud de los hechos denunciados y su posible relevancia penal. Aunque el TSJA considera “verosímil” que Arrabal realizara las manifestaciones que se le atribuyen —algo que la documentación aportada por Landaluce “acredita indiciariamente”—, concluye que los hechos “carecen de toda relevancia penal” en el contexto en que se produjeron.
El tribunal argumenta que las declaraciones de la parlamentaria socialista no pueden considerarse invenciones. Según recoge el auto, las afirmaciones se basaban en informaciones y documentos difundidos por terceras personas, que habían llegado a medios de comunicación, a Alvise Pérez y al propio PSOE. De este modo, la conclusión de Arrabal “no puede considerarse irracional o fabuladora”, ya que, según el TSJA, la diputada se limitó a “trasladar a la opinión pública los documentos en los que sustenta la imputación de las conductas delictivas de Landaluce”. El tribunal añade que no se trataba de “vagos rumores” ni de simples denuncias anónimas, sino de material documental mostrado públicamente, lo que resulta “incompatible” con el “temerario desprecio a la verdad” que exige el delito de calumnias.
No obstante, el auto aclara que el tribunal no considera esos pantallazos como pruebas ni afirma que los hechos atribuidos al alcalde existieran, sino que su razonamiento se limita a descartar el elemento subjetivo del delito. El TSJA también subraya que las declaraciones de Arrabal se produjeron en un “inequívoco contexto de labor de oposición política”, con el objetivo de reclamar al Partido Popular que impulsara la dimisión de Landaluce como alcalde. Tras conocerse la resolución, el regidor ha anunciado que presentará un recurso de súplica al considerar que el tribunal no ha tenido en cuenta el archivo por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de la denuncia presentada por Arrabal e Isabel Beneroso, en la que se señalaban supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.
El origen del caso se remonta a octubre de 2024, cuando el canal de Telegram de Alvise Pérez difundió pantallazos que atribuían presuntos abusos sexuales al alcalde contra dos concejalas, acusaciones que ambas negaron días después. Entretanto, Landaluce dejó el Partido Popular a comienzos de enero, aunque continúa como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Algeciras con el respaldo de su antigua formación.