Después de una lucha de más de cuatro décadas, María Bueno ha logrado un avance histórico: que la hija que parió el 25 de diciembre de 1981 en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción figure oficialmente en el Registro Civil con el nombre de María. Su hija, una de las miles de víctimas del escándalo de los bebés robados en España, existe por fin ante el Estado. No tiene nada más de ella, dice emocionada.
El certificado llegó hace apenas una semana. Y aunque no le permite saber el paradero real de su hija, representa una victoria simbólica y jurídica. "Ahora empieza una nueva batalla, decirle al Estado que si está viva, la busque y que, si está muerta, me diga donde están sus restos", afirma María en una entrevista con EFE.
María tenía 20 años y era estudiante cuando se quedó embarazada. Recuerda que vivió esa espera con ilusión, sin que el hecho de estar soltera fuera un problema para ella ni para su familia. Todo iba bien, hasta que una semana antes del parto, su ginecólogo le aseguró que el feto había muerto y que su vida corría peligro. Fue derivada al hospital municipal gestionado por las Hermanas de la Caridad, donde la internaron en una habitación privada.
“Ese día fue para mí una tortura”, relata. Cuenta cómo el ginecólogo y dos monjas le introducían un punzón metálico repetidamente hasta que fue sedada. Despertó el día de Navidad entre escenas surrealistas: una monja preguntó si le habían traído al bebé para amamantarlo y, minutos después, otra entró con un niño Jesús de porcelana: “Dale un beso, él te consolará”, le dijo.
El comienzo de una lucha sin fin
A María, como a tantas otras madres, nunca le dejaron ver el cuerpo. A su hermana le enseñaron un ataúd blanco y le dijeron que lo llevaban a una fosa común. El dolor quedó sepultado junto con las preguntas. Estudió Derecho, se casó, tuvo dos hijos y nunca imaginó que podría haber sido engañada.
Todo cambió hace 16 años, cuando leyó que su antiguo ginecólogo estaba siendo investigado por la Fiscalía de Algeciras por su implicación en una supuesta red de bebés robados en ese mismo hospital. Entonces empezó una investigación personal que la llevaría incluso a Naciones Unidas. Descubrió que el hospital nunca inscribió su parto, solo el fallecimiento del feto, y que no había constancia del entierro.
En 2023, una orden ministerial permitió inscribir en el Registro Civil a los bebés nacidos sin vida a partir de los seis meses de gestación, con nombre y apellidos. Hasta entonces, como en el caso de María, eran inscritos en un legajo llamado "criaturas abortivas". Ella no dudó: “Fui al Registro Civil como una guerrera, con una carpeta con toda la documentación”.
Y ganó. Desde hace una semana, el nombre de su hija figura como debía haberlo hecho hace más de 40 años. “Es un hito histórico en mi batalla”, asegura.
El próximo año podría abrirse una nueva puerta para las víctimas. El Defensor del Pueblo ha comunicado que en 2025 se pondrá en marcha el Banco Estatal de ADN para víctimas de la Guerra Civil, la Dictadura y también para los afectados por la sustracción de bebés.
Este banco pretende dar respuesta a uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de España. "Fue todo un entramado terrorífico que cruzó todo el país aprovechando la vulnerabilidad extrema de las madres pariendo".
El informe del Defensor del Pueblo lo deja claro: la sustracción de menores tuvo inicialmente motivaciones políticas, dirigida a hijos de presas del franquismo, y luego adoptó formas más complejas de represión: moral, religiosa, económica. Las principales víctimas fueron mujeres pobres, solteras o con muchas cargas familiares.
María, que preside la Asociación Alumbra y la plataforma internacional Te Estamos Buscando, lleva 15 años removiendo cielo y tierra. “Es una lucha que no va a terminar nunca”, afirma. Pero su perseverancia ha dado frutos que empiezan a tener impacto legal.
Se sienten "víctimas de quinta categoría. Por eso reclama algo más que justicia: quiere reparación y reconocimiento institucional. El Estado debe pedir perdón, afirma. Porque el vacío de estas madres no se llena solo con certificados ni con nombres. Lo que buscan, en el fondo, es la verdad: saber qué pasó con sus hijos, vivos o muertos, y poder cerrar un duelo que ha quedado congelado en el tiempo.