El juicio contra Yassine Kanjaa, presunto yihadista acusado del asesinato del sacristán Diego Valencia y de la tentativa de homicidio del sacerdote Antonio Rodríguez en dos iglesias de Algeciras, se encuentra próximo a concluir en la Audiencia Nacional. Los ataques tuvieron lugar el 25 de enero de 2023.
El tribunal tiene previsto recibir el turno de la defensa el próximo martes, cuando se expondrá el informe final sobre el caso. Posteriormente, Kanjaa podría ejercer su derecho a la última palabra, aunque se prevé que no lo haga, dado que se negó a declarar durante el juicio.
La defensa centra su estrategia en la enfermedad mental diagnosticada al acusado tras los ataques. Kanjaa, que padece esquizofrenia paranoide y permanece ingresado en un centro psiquiátrico, podría intentar que esta circunstancia influya en la decisión del tribunal y evite la pena de 50 años de cárcel solicitada por la Fiscalía y el resto de acusaciones.
El fiscal considera que el acusado, a pesar de su enfermedad mental, conservaba sus facultades intelectivas y volitivas en el momento de los hechos, por lo que conocía la naturaleza de sus actos. Según el Ministerio Público, esto justificaría únicamente la aplicación de la eximente incompleta por enfermedad mental y no la completa, que hubiera impedido su encarcelamiento.
Además, la Fiscalía sostiene que la enfermedad mental de Kanjaa es compatible con la comisión de delitos de terrorismo, ya que puede aumentar la vulnerabilidad ante la propaganda yihadista. Por ello, se mantiene la acusación de asesinato terrorista consumado y en grado de tentativa, así como de lesiones terroristas.
La teoría del fiscal
El fiscal apunta que la intencionalidad yihadista del acusado se refleja en la selección de sus víctimas, centradas en las figuras religiosas de las iglesias de San Cristóbal y Nuestra Señora de la Palma. En el primer ataque, agredió al sacerdote con un machete en la espalda, mientras que en el segundo persiguió al sacristán hasta la plaza Alta, donde le causó la muerte tras varios machetazos.
La Fiscalía considera que la intención de matar se dirigió exclusivamente a las personas identificadas como religiosas y no a otros testigos presentes. Asimismo, señala que los ataques son consecuencia de un proceso de radicalización del acusado, según se desprende de la declaración que prestó tras su detención y que fue reproducida durante el juicio.