La Policía Nacional ha desarticulado la mayor red de tráfico de cocaína que operaba en el Atlántico y los ríos españoles mediante el uso de embarcaciones de alta velocidad conocidas como “narcolanchas”. La operación, desarrollada en colaboración con agencias internacionales como la NCA, la DEA, Europol y autoridades de Francia, Portugal, Colombia y Cabo Verde, ha culminado con 105 detenidos y 49 registros. Durante los operativos se intervinieron 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego y más de 800.000 euros en efectivo, así como diverso material tecnológico y náutico valorado en 2,5 millones de euros.
La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 3 y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, se prolongó durante más de un año y permitió identificar la estructura de la organización. La red introducía grandes cantidades de cocaína en España a través de embarcaciones rápidas que partían desde el río Guadalquivir y otros puntos de Cádiz, Huelva, Almería, Canarias, Marruecos y Portugal, trasladando la droga hasta buques nodriza en el Atlántico y desde allí de regreso al sur peninsular y al archipiélago canario.
Los narcotraficantes operaban preferentemente de noche y se valían de comunicaciones encriptadas, terminales satélite, teléfonos de difícil rastreo y lenguaje codificado, lo que dificultaba la labor de las fuerzas de seguridad. Las embarcaciones alcanzaban velocidades superiores a los 40 nudos, lo que les permitía evadir los controles y mantener largas travesías en el océano.
La red contaba con un amplio despliegue territorial que abarcaba Galicia, Portugal, Andalucía, Gerona, Ceuta, Marruecos y Canarias. Los registros se llevaron a cabo en Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura, Algeciras, La Línea de la Concepción y Jerez, con la participación del GEO y del GOES. Entre los materiales incautados se encontraban vehículos, embarcaciones, armas de fuego, hexacópteros, inhibidores de frecuencia, amplificadores de señal y más de 150 teléfonos móviles, muchos de ellos encriptados, así como material náutico y cuentas bancarias.
Epicentro en el Campo de Gibraltar
La operación atacó, además, el mayor centro de distribución y blanqueo de activos del Campo de Gibraltar, encargado de suministrar terminales de comunicación seguros y equipos de navegación a la mayor parte de los narcotraficantes andaluces. La organización disponía de plataformas flotantes en alta mar donde los pilotos permanecían durante semanas, con abastecimiento de combustible, víveres, ropa y equipos de comunicación proporcionados por embarcaciones menores.
Parte de la estructura se dedicaba a labores de vigilancia para detectar la presencia de medios marítimos y aéreos de las fuerzas de seguridad, mientras que la organización llegó a pagar 12 millones de euros a la familia de un tripulante fallecido para garantizar su silencio y evitar cualquier vinculación con el tráfico de drogas.
La operación se desarrolló en dos fases, la primera en junio con 48 detenidos y 29 registros en Canarias, y la segunda en noviembre con 57 detenciones y 20 registros en Andalucía. Las investigaciones revelaron que la red fue responsable de introducir 57.000 kilos de cocaína en Europa en el último año, con coordinadores en Marruecos, Cádiz y Canarias, y la intervención de 6.600 kilos de cocaína por autoridades portuguesas en un semisumergible.
El operativo fue cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo de Seguridad Interior y contó con apoyo de la Comisión Europea y agencias comunitarias. La estrategia europea busca establecer un entorno de seguridad sólido, proteger a los ciudadanos frente a la delincuencia organizada y el terrorismo, y apoyar a los Estados miembros en la lucha contra las redes criminales mediante operaciones coordinadas y el desmantelamiento de sus estructuras.