Antonia Sánchez, vecina de Algeciras de 54 años, acudió esta semana al programa Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega, para relatar una situación que la mantiene en vilo desde febrero de 2024. La justicia le reconoce un total de 5.540 euros de manutención, dinero que debería haber recibido tras reclamar que el padre de su hija no cumplía con su obligación, pero que, por un error del juzgado, fue transferido a otra persona.
En el plató, Sonsoles Ónega introdujo el caso: "Deben 5.000 euros a Antonia Sánchez. 5.000 euros tuyos, ganados en la justicia, porque reclamaste que el padre de la criatura no te pagaba y se equivocan". Antonia corrigió la cifra: "5.540". La presentadora bromeó sobre los céntimos, pero la gravedad de la situación no pasó desapercibida: el dinero no le ha llegado a la beneficiaria correcta y la Administración se desentiende del error.
Un error que retrasa un año la manutención
Antonia explicaba que, tras constatar que el padre había sido embargado en su nómina, preguntó a su abogado de oficio qué ocurría con la transferencia. La respuesta del juzgado fue que una funcionaria había ingresado el dinero a otra persona. "Se lo ha gastado la señora. No tiene cómo devolverlo", aseguró. La Justicia ha instado a Antonia a reclamar directamente a la receptora, pero tanto ella como el abogado consideran que la responsabilidad es del propio juzgado, que se equivoca y desatiende sus obligaciones.
En el debate surgido en el plató, el abogado especialista en divorcios Alberto Galeano aclaró que el error no proviene de la trabajadora concreta sino del letrado de la Administración que autoriza la transferencia: cada expediente tiene su propia cuenta y, al equivocarse, el dinero terminó en manos de otra persona. "No habría que reclamarle al juzgado en ese caso. Sí hay una responsabilidad anormal en el funcionamiento de la Administración de Justicia", afirmó.
La frustración de un sistema que falla
Antonia relató su frustración ante la falta de respuesta: envió escritos al juzgado y recibió providencias que no resolvían el conflicto. La situación, según coincidieron los colaboradores y la presentadora, evidencia un vacío en la responsabilidad patrimonial del Estado, que debería garantizar que el dinero llegue al destinatario correcto sin obligar a la víctima a litigar contra terceros por un error administrativo.
El caso de Antonia refleja las consecuencias de los fallos burocráticos en la vida de los ciudadanos y cómo un dinero legítimamente ganado puede desaparecer en el limbo de la Administración, dejando en evidencia la necesidad de mecanismos más seguros y responsables para proteger los derechos de los afectados.