La Policía Nacional ha detenido en San Pablo de Buceite a tres miembros de un clan familiar por su presunta implicación en delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal. La investigación, llevada a cabo por la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y remitida al Juzgado de Instrucción número 2 de San Roque, ha destapado un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social que supera los 200.000 euros.
Las pesquisas comenzaron en mayo, cuando las autoridades recibieron información sobre una empresa de mantenimiento y desbroce que operaba en varias carreteras del Campo de Gibraltar y que, presuntamente, empleaba a personas en situación irregular. La investigación culminó con la detención de tres individuos de origen marroquí: dos hermanos y la hija mayor de uno de ellos, todos integrantes del mismo clan familiar.
Durante el operativo, se realizó un registro domiciliario en San Pablo de Buceite, autorizado por el Juzgado de Instrucción 2 de San Roque, donde se incautó documentación clave. El análisis de estos documentos, junto con las investigaciones en la Tesorería General de la Seguridad Social, reveló un fraude relacionado con contrataciones laborales.
El clan familiar se dedicaba a contratar trabajadores extranjeros, tanto en situación regular como irregular, a través de varias empresas del sector de la silvicultura y actividades forestales. Estas empresas, en las que los detenidos figuraban como administradores únicos, eran utilizadas para defraudar a la Seguridad Social.
El modus operandi consistía en crear una empresa que, progresivamente, acumulaba deudas con la Seguridad Social. Una vez que la deuda alcanzaba un nivel insostenible, cesaban la actividad y creaban una nueva empresa, traspasando a los trabajadores y contrayendo una nueva deuda. Este ciclo se repetía indefinidamente, evitando así el pago de las cuotas de autónomos y los seguros sociales de los empleados.
La primera empresa identificada por las autoridades, ahora inactiva, acumuló una deuda no saldada de casi 175.000 euros. Otra empresa, creada en 2023 por una de las investigadas, permanece activa y ha acumulado una deuda superior a los 30.000 euros con la Seguridad Social.
Durante la investigación, se constató que todos los trabajadores irregulares empleados por el clan familiar eran solicitantes de protección internacional cuya solicitud había sido denegada. Esta condición les impedía trabajar legalmente en España, pero las empresas investigadas ignoraban esta restricción.
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece en su artículo 36.1 que es necesario contar con una autorización de residencia y trabajo para poder ser empleado en el país. La investigación reveló que este requisito fue sistemáticamente eludido por el grupo criminal.
La Policía Nacional continúa con las diligencias y la investigación del caso bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 2 de San Roque. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y se enfrentan a cargos por delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal, así como por el fraude a la Seguridad Social de más de 200.000 euros que ha salido a la luz.