Rafael Rodríguez, vecino de Algeciras, sufrió el pasado mes de agosto una caída cuando esperaba en el control aduanero de Gibraltar. Tras superar la barrera de la Guardia Civil, la presencia de un charco de aceite en la calzada desestabilizó su motocicleta y provocó que ambos acabaran en el suelo. El impacto le ocasionó un intenso dolor en la muñeca, por lo que tuvo que desplazarse directamente al hospital, donde le diagnosticaron una contusión derivada del accidente.
La motocicleta tampoco salió indemne. El vehículo presentó diversos desperfectos en la carrocería y tuvo que ser trasladado a un taller para su reparación. Una vez atendidas tanto las lesiones como los daños materiales, el afectado inició una reclamación ante la Agencia Tributaria, al considerar que el accidente se produjo en una zona cuya responsabilidad corresponde al servicio de Aduanas, dependiente de esta administración.
Dos meses después, la Agencia Tributaria respondió rechazando cualquier responsabilidad. En su resolución sostuvo que "no se aprecia que exista relación de causalidad directa entre el funcionamiento de este servicio y los presuntos daños alegados, sí constatados; considerándose causante de la caída el vertido de un vehículo no identificado", por lo que descartó abonar indemnización alguna. La administración entendía que el origen del siniestro no podía vincularse directamente al funcionamiento del servicio.
El aumento de la indemnización
Ante esta negativa, Rafael acudió a Facua Cádiz para reforzar su reclamación. La asociación consideró que el accidente estaba vinculado al deficiente mantenimiento de la vía de acceso y salida al control aduanero, por lo que la administración debía asumir la responsabilidad patrimonial por los daños personales y materiales. El equipo jurídico acompañó al afectado en todo el procedimiento, insistiendo en que la compensación debía cubrir la totalidad de los perjuicios sufridos.
En respuesta a esta nueva reclamación, la Agencia Tributaria comunicó que estimaba el expediente "parcialmente" y ofreció 207,88 euros, cantidad correspondiente únicamente a la sustitución del retrovisor izquierdo de la motocicleta. Sin embargo, Facua Cádiz presentó nuevas alegaciones en las que subrayó que tanto el parte de reparación como el informe del agente de la Guardia Civil que asistió a Rafael acreditaban daños adicionales, como marcas por arrastre en la carrocería y problemas en el manillar.
Finalmente, Hacienda aceptó revisar su postura y acordó incrementar la indemnización en 483,16 euros adicionales, elevando la cuantía total a 691,04 euros. Con esta cantidad, Rafael dio por cerrado el asunto. El afectado ya ha recibido el importe, poniendo fin a un proceso que comenzó con una negativa total y concluyó con el reconocimiento parcial de la responsabilidad administrativa.