Una delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha concluido este miércoles una visita a la costa suroeste de Andalucía, en la que ha constatado el aumento de la peligrosidad y la violencia asociadas al tráfico de drogas y de personas en la zona del Campo de Gibraltar. Según han informado, las organizaciones criminales que operan en la región suponen una amenaza creciente para las fuerzas de seguridad desplegadas en el área.
Durante su estancia, los diez eurodiputados han visitado Barbate, Algeciras y Sevilla, donde han evaluado de primera mano la situación y se reunieron con autoridades locales. El jefe de la delegación, el polaco Bogdan Rzonca, presidió una rueda de prensa en la capital andaluza para presentar las conclusiones del grupo, recogidas en un comunicado oficial. En él, se advierte del riesgo que representan las mafias para el orden público y se destaca la necesidad de reforzar la respuesta institucional ante esta problemática.
Rzonca defendió un endurecimiento de las penas por delitos relacionados con el narcotráfico y transmitió la profunda impresión que causó en la delegación el reciente asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate. Los eurodiputados subrayaron el impacto emocional del crimen y la urgencia de adoptar medidas más efectivas frente a la criminalidad en la región.
La postura del Gobierno
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha mostrado su "máximo apoyo y respeto" las mejoras que puedan implementarse a nivel europeo respecto a las condiciones laborales de las Fuerzas de Seguridad, asegurando que es un objetivo "compartido" con el resto de países de la Unión porque "el narcotráfico no entienden ni de territorios ni de municipios ni de Estados".
"Es un fenómeno internacional que exige una colaboración y cooperación permanente y continua con el resto de países en el ámbito de organismos internacionales", ha argumentado Fernández en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida con la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo desplazada a Cádiz y Sevilla para evaluar la situación de estos efectivos de seguridad.