El Ministerio de Cultura inició los trámites para que el Faro de Trafalgar sea Bien de Interés Cultural (BIC) en marzo de este año, aumentando así su protección y frenando el futuro proyecto hostelero previsto en esta privilegiada ubicación.
La incoación para la declaración como BIC de este bien, ubicado en Barbate, supone la aplicación de esta categoría de protección, la máxima que establece la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. El faro está adscrito a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y a Puertos del Estado, dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Hasta que la declaración no sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la protección del faro no se hará efectiva. El Faro de Trafalgar ya fue incluido en 2017 en el Catálogo de faros con valor patrimonial de España realizado en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Industrial como un testimonio histórico de la tecnología y la ciencia de su tiempo.
Cuando sea BIC, se aumentará su protección, muy buscada por distintos movimientos ecologistas, que protestaron cuando se conoció la intención de impulsar un proyecto hostelero en el Faro de Trafalgar.
Verdes de Europa-Tarifa denuncia falta de transparencia
Ahora es el grupo ecologista Verdes de Europa-Tarifa, denuncia la falta de transparencia del Puerto de la Bahía de Cádiz en la concesión administrativa para la explotación del Faro de Trafalgar.
Los ecologistas critican que, desde julio de 2024, "la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no quieren contestar" a una petición suya. En resumen, Verdes de Europa-Tarifa quiere consultar el estudio de impacto ambiental del proyecto, "con su correspondiente preceptiva participación ciudadana", que está sujeto a las directivas medioambientales de la UE de la Red Natura 2000.
El 15 de marzo de este año, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno instó a la Autoridad Portuaria a informar, en el plazo de diez días hábiles, a remitir el lugar de publicación del estudio de impacto ambiental.
La publicación activa, dice este grupo político, es la obligación de las Administraciones públicas de difundir proactivamente cierta información relevante para el público, de forma accesible y transparente. "Esta información debe ser veraz, actualizada, objetiva, comprensible y gratuita, y se difunde principalmente a través de medios electrónicos, de acceso universal", señalan desde Verdes de Europa-Tarifa.
La portavoz del grupo ecologista, Rosmarie Hennecke, señala que las alegaciones presentadas por no cumplen con estos requisitos, por lo que el Consejo de Transparencia volvió a reclamar. "Ahora recibimos nuevamente una contestación sin pies ni cabeza, indicando su texto que el expediente de concesión de la empresa adjudicataria sometido a información pública, lo que incluía en el proyecto básico es una separata ambiental que estuvo en exposición pública. Durante dicho plazo la información estuvo a disposición de los interesados en la sede de esta Autoridad Portuaria”.
"Pero como no quieren ser transparentes, no nos envían esa separata ambiental", se queja el grupo ecologista, que exige "más responsabilidades", porque "así no se puede velar por el medio ambiente".