Cádiz, la isla del tesoro para los piratas del siglo XXI

Más de 800 naufragios y miles de toneladas de plata y oro ocultos se calcula que hay bajo las aguas gaditanas. Los arqueólogos, que reconocen el riesgo de expolio, afirman que el mayor valor de estos pecios es la información histórica que aportan.

Trabajos de recuperación de dos cañones, en el Centro de Arqueología Subacuática. FOTO: CENTRO DE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA.
Trabajos de recuperación de dos cañones, en el Centro de Arqueología Subacuática. FOTO: CENTRO DE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA.

No hay que irse al Caribe para pensar en piratas y en cofres de oro y plata ocultos en barcos hundidos. El hecho de que la historia de esta provincia sea tan basta y que cuente con ciudades milenarias por las que han pasado diferentes civilizaciones ha hecho que su riqueza arqueológica sea extensa y variada. Pero no toda se encuentra a simple vista y en tierra. Conflictos bélicos, ataques de piratas, temporales o simples errores humanos han provocado miles de naufragios a lo largo de 3.000 años de historia. Joyas ocultas que se esconden en las profundidades del Atlántico, desde galeras romanas hasta poderosos galeones de la época en la que en España no se ponía el sol.

Hace años, la Asociación de rescate de galeones de España calculaba, solo entre Tarifa y Sanlúcar de Barrameda, unos 820 hundimientos censados, la gran mayoría, aquellos que realizaban la llamada Carrera de Indias, y casi una cuarta parte de ellos, navíos procedentes de América cargados con oro, plata, perlas y piedras preciosas que aún descansan en el fondo del mar. “Los arqueólogos no hablamos jamás de la riqueza en términos económicos de oro y plata. La verdadera riqueza es la información histórica que tiene un pecio”, afirma Carmen García, jefa del Centro de Arqueología Subacuática, integrado en la Dirección general de Bienes Culturales a través del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Junta y radicado en el Balneario de la Palma, en la playa gaditana de La Caleta.

Trabajos de restauración de una pieza de artillería en el Centro de Arqueología Subacuática. FOTO: CENTRO DE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA.

Desde su puesta en funcionamiento en 1997, el centro trabaja por establecer medidas encaminadas a desarrollar una correcta tutela del patrimonio subacuático a través de trabajos de investigación, documentación, restauración y difusión, siendo este último punto uno de los más importantes gracias al desconocimiento que existe entre la gran población en lo relativo a este tipo de arqueología, mucho más oculta que la terrestre. “Somos conscientes del desfase que hay entre una y otra y al respecto, la subacuática está un poco olvidada, pero sabemos que existen numerosos yacimientos arqueológicos, aunque hoy conocemos solo una pequeña parte”, explica Carmen García, que enumera en torno a 100 yacimientos subacuáticos en Andalucía, si bien hay unas 1.300 referencias de naufragios en las costas de la comunidad, la mayor parte entre Huelva y Gibraltar. “Muchos se han podido perder y otros se conservan bajo agua y no sabemos donde están. Nos queda mucho camino por recorrer y hay que establecer mayores medidas de protección para que esos yacimientos se mantengan”.

En ese sentido, la jefa del centro arqueológico gaditano menciona que uno de los proyectos conjuntos que llevan a cabo con la consejería de Cultura de la Junta es proteger jurídicamente todo el patrimonio subacuático a través de dos figuras: la zona arqueológica y la zona de servidumbre. “La primera protege los espacios en donde hay constancia de que hay restos, mientras que la servidumbre protege los espacios en los que a priori se presupone que pueden existir”. Al respecto, las fuentes documentales aportan muchísima información a los arqueólogos y permite proteger estos pecios frente a los expolios y grandes empresas de cazatesoros. Una de las más conocidas es Odyssey Marine Exploration, que se hizo famosa después de que en 2007 encontrara bajo aguas de Cádiz los restos de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, con 500.000 monedas de plata y oro, que provocó un litigio entre España y la empresa norteamericana que finalmente cayó de lado español, obligando a Odyssey a devolver el tesoro a nuestro país.

Vista aérea de Caños de Meca, con el Faro de Trafalgar al fondo. En estas aguas se produjo una de las mayores batallas navales entre España e Inglaterra. FOTO: JUAN CARLOS TORO.

“Aunque tuvo que devolver el botín, la ganancia que obtuvo la empresa fue hacer pública la noticia del hallazgo de la Mercedes. Nada más que por eso sus acciones subieron una barbaridad”, afirma el teniente Juan José Águila Navarro, jefe del grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Águila admite la dificultad que entraña en muchas ocasiones luchar contra estas empresas, que cuentan con grandes presupuestos que destinan para expoliar los yacimientos escondidos en el fondo marino. “Hablamos de grandes medios de localización que no tienen, a veces, ni nuestros propios centros de arqueología subacuática. Para prospectar usan equipos muy caros: magnetómetros, sónar de barrido lateral, vehículos de observación remota…”.

Pero a veces no hace falta gastarse millones de dólares en encontrar un pecio. El boca a boca, transmitido de padres a hijos por cualquier detalle a priori nimio, como un hallazgo de monedas o cualquier otro resto en una jornada de pesca cualquiera —recientemente la UCO llevó a cabo una operación en la que detuvo a tres personas, buceadores dedicados a la extracción de coral rojo—provoca que muchos tengan localizado cualquier tipo de naufragio. Y como reconoce el propio teniente Águila, “en la costa de Cádiz hay gran riesgo de expolios, porque es un medio difícil de moverse ante el gran tráfico de embarcaciones que hay. Y aunque contamos con sistemas integrales de vigilancia exterior, en el medio acuático es fácil trabajar. A veces les basta con soltar la carga por la borda si ven que los pillamos. Y al tener la localización, pueden volver otro día”.

El Archivo de Indias y el experto en naufragios “perseguido” por la ley

Sin embargo, el principal medio con el que trabajan las empresas cazatesoros son las fuentes documentales, y es el Archivo General de Indias el que cuenta con el más exhaustivo y mayor número de ellas: 43.000 legajos, 80 millones de páginas y unos 8.000 mapas y dibujos que proceden, fundamentalmente, de los organismos encargados de la administración de los territorios de ultramar. Claudio Bonifacio, italiano nacido en Trieste, ha pasado cientos de horas entre las paredes del emblemático edificio sevillano estudiando cada documento. Considerado un corsario del siglo XXI —no obstante, estos eran navegantes licenciados por reyes y emperadores para capturar tesoros—, ha puesto nombre y apellidos a cientos de naufragios, ha escrito tratados científicos y libros, ha impartido conferencias, ha trabajado para universidades europeas y americanas y para empresas petrolíferas que buscan yacimientos marinos. También lo ha hecho para países como Cuba o Italia para tender cables o recuperar tesoros sumergidos en aguas soberanas. Afirma que en las costas de Cádiz hay 800 toneladas de oro y 12.000 de plata. “El otro Banco de España. Una fortuna que duerme por intereses ocultos. Todo lo que tiene que ver con oro y plata son intereses ocultos, por más que digan los arqueólogos”. Eso sí, niega que sea un cazatesoros, ni un pirata. “Si vas a sacar algo sin permiso es piratería. Yo soy una persona que me dedico legalmente a participar en proyectos donde siempre ha habido permisos por parte de autoridades competentes”, se defiende.

Fragmento de ánfora en el yacimiento de Punta del Nao, Cádiz. FOTO: CENTRO DE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA DE CÁDIZ.

Sin embargo, el experto en naufraugios, que comenzó en este mundo en 1981 y de quien Arturo Pérez Reverte se basó para uno de sus personajes de La carta esférica, se siente perseguido por la justicia española. En 2006 fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Bahía 2, en la que se desmantelaba una presunta red dedicada al expolio de restos arqueológicos submarinos en aguas de Cádiz a bordo de un barco con bandera de San Vicente y Granadina, el Louisa, atracado en El Puerto de Santa María. Bonifacio afirma que todo partió de una denuncia de un particular a la Guardia Civil, informando de que se estaban expoliando restos arqueológicos en la Bahía de Cádiz desde el Louisa, financiado por una compañía estadounidense. El italiano señala que todo fue una trampa en su contra por parte de Odyssey y el denunciante, que resultó ser una persona a sueldo de la empresa norteamericana. Y todo esto, según un investigador privado contratado por Bonifacio, para crear “una efectiva cortina de humo para eliminar a competidores, criminalizar a expertos (entre ellos Claudio Bonifacio) y solapar sus expolios sobre derechos de otros cazatesoros licenciados por autoridades españolas”.

Doce años después, la instrucción del caso sigue estancada y el Louisa aún varado en El Puerto de Santa María, a pesar de una reclamación de 10 millones de dólares de San Vicente y Granadinas a España por la retención del buque que, según este gobierno, solo estaba haciendo prospecciones de hidrocarburos. Una historia de corsarios y piratas, aún inconclusa, que el mismísimo Robert Louis Stevenson habría firmado.

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Jorge Miró

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