La provincia de Cádiz sigue siendo la que más zonas desfavorecidas tiene de Andalucía. Algeciras, Arcos, Barbate, Cádiz, Chiclana, Medina, Puerto Serrano, Jerez, La Línea, El Puerto de Santa María, San Fernando, San Roque y Sanlúcar de Barrameda. Hasta 18 enclaves urbanos en 13 municipios de la comunidad. Le siguen Málaga y Sevilla con 14, Granada (13), Jaén (12), Almería (11), Huelva (9) y Córdoba (8). Y es que nueve de los diez municipios más pobres de España son andaluces, así como los siete barrios con menor renta, las cinco ciudades con más paro y la más baja esperanza de vida, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
De esta forma, Cádiz es la provincia que alcanza una mayor población residente en este tipo de barrios en términos absolutos con 181.025 personas (20,81%). Estos barrios concentran casi el 25 por ciento de la vivienda en edificios en mal estado, a veces incluso ruinosos. Más del 15 por ciento de población que reside en estas zonas no tiene estudios y sufren una tasa de desempleo cuatro puntos por encima de la media regional. Además, registran más del 20% del total de población inmigrante de Andalucía y personas perceptoras del ya desaparecido ingreso mínimo de solidaridad.
Estos barrios concentran casi el 25 por ciento de la vivienda en edificios en mal estado, a veces incluso ruinosos.
La Junta de Andalucía ha anunciado que financiará este año con cerca de 5,8 millones de euros los planes locales de intervención que desarrollarán ayuntamientos de la provincia de Cádiz y la Diputación de Cádiz -para los municipios de menos de 20.000 habitantes- en estas 18 zonas desfavorecidas de la provincia. Según informa la administración autonómica, la correspondiente convocatoria de ayudas ya está publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), una vez resuelta la dirigida al diseño previo de la planificación.
Con estas subvenciones, cofinanciadas en un 80 por ciento por el Fondo Social Europeo, arranca la recientemente aprobada Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, que supondrá una inversión total en la provincia de Cádiz de más de 27,4 millones hasta 2022 para mejorar la calidad de vida de las más de 150.000 personas residentes en estos 18 enclaves urbanos en los que se va a intervenir. Las ayudas a entidades locales para 2018, que se completarán próximamente con los 9,3 millones previstos para las entidades privadas sin ánimo de lucro de Andalucía, se dirigen básicamente a reforzar el personal de los Servicios Sociales comunitarios en las zonas de intervención y facilitar la contratación de profesionales de la Psicología y el trabajo y la Educación Social.
Estas áreas, en su mayor parte entornos urbanos afectados por barreras físicas y con elevada población en situación vulnerable, han sido seleccionadas teniendo en cuenta, entre otros indicadores, la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios, los índices de fracaso escolar, las carencias formativas profesionales y los problemas de vivienda, deterioro urbano, seguridad y convivencia.
Según Cruz Roja cada vez es más habitual que personas con trabajo precisen de su asistencia
La Junta comenzó con este tipo de intervenciones a mediados de los años 80, pero en el documento de Estrategia Regional de Intervención elaborado hace unos meses por la propia institución reconocen que después de tantos años "no se han obtenido resultados suficientemente satisfactorios mediante el incremento de esfuerzos en políticas sociales de educación, salud y otras". Es más, "la ruptura de la organización social causa una escasa respuesta de la comunidad a la acción de las políticas", según el texto. Igualmente, los expertos subrayan que "la ruptura de las redes de confianza y el deterioro de la dinámica relacional actúa como factor de desactivación de las políticas".
Lo cierto es que la pobreza en Cádiz existe, y no sólo en estos barrios con altos niveles de desempleo. Según el balance de las acciones realizadas por Cruz Roja en la provincia durante el pasado año, cada vez es más habitual que personas con trabajo precisen de su asistencia. Y es que la mala calidad del empleo coloca a España como segundo país de la OCDE con más pobres en edad de trabajar, y dentro del país las diferencias entre Norte y Sur siguen siendo más que notorias.
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