El comité de empresa y los sindicatos CCOO y CGT consideran que la administración autonómica debe requerir que Acerinox aproveche la actual situación productiva para superar el problema ambiental que supone las 250.000 toneladas de escoria sin procesar almacenados en la finca La Doctora.
La representación de los trabajadores en la empresa Phoenix Service, encargada de la gestión de los residuos en la factoría de Acerinox, han hecho un llamamiento a la responsabilidad de la Junta de Andalucía para que intervenga de manera decidida en la solución del problema ambiental generado con el exceso de escoria que se producía en el año 2016 y que aún no se ha procesado.
En este sentido, han recordado que en la finca La Doctora, ubicada en el término municipal de San Roque, permanecen depositadas desde hace cuatro años un volumen de 250.000 toneladas de escoria sin procesar procedentes del proceso productivo de Acerinox; con un compromiso de solventar el problema ambiental que esta circunstancia supone y que no ha encontrado remedio hasta la fecha.
Por eso, desde el comité de empresa, con el respaldo de los sindicatos CCOO y CGT, consideran necesario aprovechar la bajada de producción que se ha operado en la factoría de Acerinox en Los Barrios para acometer el procesamiento de los residuos y saldar de una vez por todas el compromiso ambiental suscrito por la acería.
En esta línea los representantes de los trabajadores consideran que la dirección de Acerinox debe tomar las pertinentes decisiones y desde los responsables políticos de la Administración andaluza instar en esta línea.
Para los sindicalistas resulta inaudito que se pretenda promover un ERTE en Phoenix en un momento en el que se presenta una oportunidad de oro para solventar un problema ambiental que se ha dilatado en el tiempo más de lo razonable. La representación de los trabajadores ha mantenido contactos con la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, quien además de trasladarles su respaldo, ha iniciado gestiones para interesarse por la posición del Gobierno Andaluz en este asunto.
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