El acuerdo con Fiscalía implica una reducción de la condena por defraudar a Hacienda algo más de 7,5 millones de euros.
Un total de 14 de los 18 acusados en la denominada 'Operación Halcón' han acordado con la Fiscalía una reducción de la condena tras admitir su participación en la trama de las facturas falsas para desgravarse impuestos de manera ilegal a través de empresas pantallas ubicadas en la sierra de Cádiz.
En el primer día del juicio, este martes, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial en Jerez, el tribunal ha rechazado las cuestiones previas planteadas por las defensas acerca de la vulneración del secreto de comunicaciones y del principio acusatorio, así como la indefensión alegada por varios abogados por las limitaciones y los escasos medios del turno de oficio, recoge Europa Press.
El tribunal sí ha estimado la cuestión relacionada con la "excepción de la cosa juzgada", en relación a un acusado que ya había sido juzgado por estos hechos y que ha abandonado la sala con su abogado. Los 14 procesados que han aceptado el acuerdo con el Ministerio Público han mostrado su "conformidad" con las acusaciones del fiscal y solo han contestado a sus preguntas y a las del abogado del Estado.
El primero en hacerlo ha sido el que está considerado como uno de los presuntos cabecillas de la trama y exjefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, -en libertad tras haber cumplido condena de cárcel por la Operación Karlos- quien ha reconocido "en su integridad" los tres delitos fiscales y uno continuado de falsificación documental en documento mercantil imputados por el fiscal en base al acuerdo. Al igual que Carretero, su pareja, a quien el fiscal consideraba la "verdadera lugarteniente" del mismo en estas actividades como "encargada de llevar la contabilidad real del grupo y de la confección material de las facturas", ha admitido su participación en los hechos.
Los otros 12 imputados también han mostrado su conformidad con el acuerdo con la Fiscalía reconociendo su papel en la emisión de facturas falsas y la participación en una organización ilícita para defraudar a Hacienda, llegando alguno de ellos a admitir haber firmado "facturas en blanco" a cambio de regalos de entre "200 a 500 euros".
La Agencia Tributaria, que se persona como acusación particular en este caso, alertó en su día de un supuesto "negocio" vinculado a la economía sumergida que consistía en la presunta comercialización en el mercado negro de facturas para desgravarse impuestos de manera ilegal. Esta práctica causó a las arcas públicas un agujero de 7,6 millones de euros a través de la defraudación de cuotas del IVA y del Impuesto de Sociedades.
Comentarios