La Guardia Civil investiga a dos personas en Benaoján (Málaga) por presuntamente adulterar productos cárnicos utilizando agua oxigenada industrial para blanquear la carne. La actuación ha terminado con el cierre de las instalaciones y la orden de destruir más de 30 toneladas de productos. La investigación arrancó en diciembre de 2025. Durante una inspección, los agentes localizaron una nave que funcionaba clandestinamente y sin las licencias requeridas, situada junto a otras instalaciones que sí tenían autorización oficial.

Lo que encontraron dentro encendió las alarmas. Había carne almacenada sin refrigeración y productos depositados directamente en el suelo, entre fluidos y suciedad, según ha informado la Guardia Civil. Los análisis permitieron descubrir además el procedimiento empleado. Los investigados presuntamente sumergían huesos y espinazos de cerdo en peróxido de hidrógeno al 50%, un agua oxigenada de carácter industrial cuya utilización está expresamente prohibida en el sector alimentario.

¿Para qué lo hacían? Según la investigación, el producto químico se utilizaba para blanquear la carne antes de introducirla nuevamente en el mercado. Los informes elaborados por el Grupo de Periciales de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil y la Junta de Andalucía advierten de que la elevada porosidad del hueso hace que absorba el químico. Su consumo supone, según esos análisis, un riesgo alto de quemaduras severas y daños corrosivos en el tracto digestivo.

A ello se sumó otro problema: la pérdida de la cadena de frío provocó una grave contaminación microbiológica. El rastreo de las compras reveló que la titular de la explotación había adquirido 45.830 kilogramos de esta sustancia entre febrero de 2025 y junio de 2026. La Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga ha ordenado el cierre inmediato de las instalaciones y la intervención y destrucción de 30.530 kilogramos de carne y huesos contaminados.

La propietaria de la empresa y el encargado de la planta están investigados como presuntos autores de delitos contra la salud pública y falsedad en documento privado. Las diligencias han quedado en manos de los Servicios Generales de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ronda.