El PSOE ha solicitado cuatro años de prisión para el alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano (PP), al considerarlo presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos por la contratación de una mujer con la que mantenía una relación de “estrecha amistad”. Lo ha hecho ejerciendo como acusación popular en un caso que afecta directamente a los populares de la Costa del Sol.
Además de la pena de cárcel, el escrito reclama ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el regidor. En el caso de la mujer contratada, la acusación solicita dos años de prisión y seis años de inhabilitación especial como cooperadora necesaria. Para ambos, se pide igualmente el pago de las costas procesales, incluidas las de la propia acusación popular.
Según el escrito de conclusiones provisionales y petición de juicio, a la que accedió EFE, la acusación plantea que ambos acusados indemnicen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Estepona por el importe total de las nóminas “indebidamente percibidas” entre el 13 y el 28 de febrero de 2023 y del 1 al 31 de marzo del mismo año, además de los correspondientes intereses.
Daño patrimonial de 7.862 euros
La acusación cifra el daño patrimonial total en 7.862,89 euros, cantidad que constituye el importe íntegro de la responsabilidad civil. En este punto, sostiene que el reintegro efectuado por García Urbano debe considerarse parcial e incompleto, sin que pueda calificarse como una reparación total del daño, “sin perjuicio de que pueda ser valorado, en su caso, como un reconocimiento de la irregularidad cometida”.
Entre las diligencias propuestas figuran varios requerimientos de información al Ayuntamiento de Estepona, como la identificación y el puesto de los técnicos y administrativos que trabajaban en el Área de Control Externo en febrero y marzo de 2023, así como las fechas y funciones concretas de tres personas que prestaron servicio como personal eventual en esa área.
Para el juicio, la acusación plantea el interrogatorio del alcalde, de la mujer contratada y diversas testificales, entre ellas la del concejal del Área de Control Externo, Blas Ruzafa, además de otros cargos municipales. Como prueba documental, se aportan documentos y testimonios que, según la acusación, acreditan tanto la existencia de la relación personal como la ausencia de actividad laboral de la contratada.
El Tribunal de Instancia número 5 de Estepona acordó recientemente continuar el procedimiento al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de malversación, como autor directo en el caso del alcalde y como cooperadora necesaria en el de ella.
En el auto judicial se recoge que García Urbano mantenía una “relación íntima de amistad” con la mujer, a la que abonó 21.000 euros entre enero de 2022 y enero de 2023 para el alquiler de un piso en Estepona y otros gastos. Al mes siguiente de finalizar esos pagos, fue contratada por el Ayuntamiento como funcionaria eventual con plaza de asesora.
En cuanto al desempeño del cargo, la investigada "insistió en que nunca realizó labor alguna, ni poseía despacho ni lugar habilitado para ello" y "no consta registro de control horario, ni expediente administrativo alguno ni de otra naturaleza en el que haya intervenido", según el auto. Así, el juez concluyó que "existen indicios suficientes" de que García Urbano contrató "con la intención de proporcionar una ayuda económica" a la mujer, a la que hasta ese momento abonaba mensualmente dinero para su alquiler y gastos propios.