Haitam Mejri, de 35 años, murió el pasado 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos, en Málaga. El caso, que implica la actuación de hasta seis agentes de la Policía Nacional y el uso de dos pistolas táser, ha dado un nuevo giro tras las declaraciones públicas de su familia. Su hermano, Nasser Mejri, ha decidido romper el silencio con un relato detallado que, según insiste, se basa únicamente en hechos documentados.
“Lo que no son opiniones ni interpretaciones mías, son los hechos documentados, preguntas formuladas oficialmente, respuestas institucionales y, sobre todo, pruebas que contradicen esas respuestas”, ha asegurado. A partir de ahí, Nasser ha enumerado las cuestiones trasladadas al Gobierno: desde el protocolo seguido por los agentes hasta la proporcionalidad de la intervención, la formación sobre el uso de táser o si existe una investigación interna en marcha.
El hermano de la víctima también ha expuesto el contenido del protocolo policial, subrayando que el uso de la fuerza debe ser el “último recurso” y que antes de recurrir al inmovilizador eléctrico deben agotarse todas las vías de diálogo, negociación o mediación. Sin embargo, denuncia que “todo lo indicado se contradice con los indicios audiovisuales”.
En su relato, sostiene que Haitam “nunca atacó a los policías”, sino que “solo estaba nervioso y asustado”. Asegura además que uno de los agentes “entra disparando por la espalda sin mediar palabra”. También denuncia un uso de la fuerza que, a su juicio, vulnera las normas: “El protocolo también pide evitar disparos en zonas sensibles como la cara, el cuello o el tórax. Sin embargo, las descargas se aplicaron sobre la espalda, la cadera e incluso sobre su piel en la zona lumbar”.
Las acusaciones van más allá. Nasser afirma que uno de los agentes presionó el cuello de la víctima con la rodilla y denuncia que los policías “apagan sus cámaras corporales deliberadamente” durante la intervención. “Apagar las grabaciones en pleno acto viola el protocolo de transparencia”, ha señalado, añadiendo que tampoco se informó a los sanitarios del uso de táser ni de spray de pimienta.
“Las imágenes desmienten toda la versión oficial. No pedimos que nos crean, pedimos que abran los ojos”, concluye, llegando a calificar lo ocurrido como un “presunto asesinato encubierto”.
Una Proposición No de Ley
En paralelo, Izquierda Unida ha anunciado medidas. Su coordinador en Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha mostrado “toda nuestra consternación” y ha confirmado que su grupo ha vuelto a registrar preguntas al Ministerio del Interior. Según ha explicado, las respuestas recibidas “no se corresponden para nada” con lo que muestran los vídeos difundidos.
Valero ha señalado contradicciones concretas: desde la localización de las descargas hasta la actitud de la víctima, que según las imágenes “no llevaba ningún objeto peligroso” e incluso decía “voy a colaborar, no quiero morir”. También cuestiona la proporcionalidad de la actuación, apuntando que el táser se utilizó hasta en 11 ocasiones.
El diputado ha sido contundente al afirmar que la muerte de Haitam podría ser consecuencia de una actuación “desproporcionada, brutal y racista”, y ha exigido una investigación “con total rigor”. Además, ha reclamado responsabilidades y ha preguntado si se abrirá un procedimiento disciplinario contra los agentes.
IU también llevará al Congreso una Proposición No de Ley para revisar el uso de estas armas. Entre las medidas planteadas: prohibir el uso de táser en contacto directo, evitar descargas reiteradas y restringir su uso en personas vulnerables.
En la misma línea, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha calificado lo ocurrido como un “caso de racismo y de violencia policial que no cabe en una democracia” y ha exigido al Gobierno que “asuma todas las responsabilidades”. Además, ha instado al ministro Fernando Grande-Marlaska y a la justicia a decidir “si están del lado del Estado de Derecho” o si continúan actuando con “una absoluta connivencia vergonzante”.