La que hasta ahora ha sido la sede de la ONG Málaga Acoge ha sido vendida al fondo de inversión israelí White, que pretende hacer apartamentos turísticos, motivo por el que desde este viernes una treintena de activistas viene protagonizando un encierro, para evitar el desalojo.
El colectivo Un Techo por Derecho, promotor del encierro, explica que la treintena de personas que se encerró este viernes ha pasado la noche “bien”, realizando turnos de vigilancia. Durante la madrugada se redujo el dispositivo policial y se reabrió la calle, aunque esta mañana volvió a cortarse ante una nueva concentración de vecinos y entidades en defensa de la vivienda.
La plataforma denuncia la crisis habitacional, el aumento de situaciones de vulnerabilidad y el riesgo de desahucio sin alternativa para mujeres y familias. También reclama que la Junta se siente a dialogar, después de que anoche se interrumpieran las conversaciones “sin tomarse en serio un intento de negociación”. El Sindicato de Inquilinas, presente en el acto, advirtió de que “es imposible acceder a una vivienda” para muchas familias malagueñas.
IU respalda el encierro
El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, y la coordinadora provincial en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, asistieron este sábado a la concentración vecinal convocada en apoyo a las mujeres del colectivo Un Techo por Derecho, que mantiene un encierro en la antigua sede de Málaga Acoge, en la calle Ollerías, en pleno centro de la capital malagueña.
Valero expresó “todo el apoyo” al movimiento y criticó que el edificio haya sido vendido a “un fondo sionista que opera en los territorios palestinos ocupados”, afirmando que el Partido Popular está entregando el parque inmobiliario a fondos de inversión “mientras deja en la cuneta a la gente”.
Morillas calificó el caso como ejemplo de “turistificación y especulación”, señalando que la Junta vendió el inmueble al fondo de inversión White para construir pisos turísticos.
La Junta "no ampara la okupación"
La consejera de Economía, Hacienda y Portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, declaró que “la okupación no puede ser y no es la solución” y recordó que el edificio está en proceso administrativo de enajenación desde 2024. Afirmó que Málaga Acoge ocupaba el inmueble “de forma irregular”, que se acordó su traslado y que la Junta mantiene contacto con los representantes del colectivo.
España aseguró que el Ejecutivo andaluz “no ampara la okupación” y criticó la ley estatal que, a su juicio, protege al okupa frente al propietario. Recalcó que la protesta debe hacerse “de acuerdo a la ley y respetando al resto de ciudadanos”, y reafirmó la postura del Gobierno autonómico contra estas prácticas, también en inmuebles públicos.