Una joven de Jerez, siendo menor de edad, fue víctima de una presunta agresión sexual grupal que se juzgará la próxima semana en la sede jerezana de la Audiencia Provincial de Cádiz.
Los hechos que se juzgan a finales de este mes de septiembre tienen lugar en enero de 2023 en una vivienda de la barriada de la Constitución, conocida popularmente como el Mopu, en la zona Sur de la ciudad.
Uno de los procesados conoció a la víctima —que era menor de edad en ese momento— en una discoteca muy conocida de Jerez y, después de entablar conversación y ganarse su confianza, quedaron en acudir al domicilio. En el piso, propiedad de uno de los acusados, mayor de 30 años, la situación "cambió radicalmente", según describe la defensa de la joven.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez, celebrará el juicio oral contra dos hombres acusados —mayor de 30 años y rondando la veintena, en el momento de los hechos— por una presunta agresión sexual cometida en enero de 2023 en una vivienda de la barriada del Mopu.
La acusación sostiene que la joven fue conducida al interior bajo engaño y que, una vez dentro, fue obligada a mantener relaciones sexuales no consentidas en un contexto de intimidación y humillación. Incluso mientras estaba siendo agredida por ambos varones estos habrían realizado una videollamada a terceros durante los hechos.
Nada más salir del piso, la víctima pidió ayuda a un amigo, al que le contó lo sucedido. Inmediatamente, los padres de la menor la trasladaron a un centro hospitalario para realizarle pruebas, y se interpuso la correspondiente denuncia.
"Tiene miedo de salir, se ha vuelto ermitaña"
"Tiene miedo de salir a la calle, se ha vuelto ermitaña, ha visto a sus agresores varias veces por Jerez y quiere irse de la ciudad", cuenta a lavozdelsur.es Silvia Moraleda, del despacho Defiéndete Legal Abogados, que se encarga de la defensa de la víctima.
Los informes médicos forenses aportados al procedimiento acreditan lesiones físicas y un grave impacto psicológico: la víctima presentó síntomas compatibles con un cuadro de estrés agudo y riesgo de evolución a estrés postraumático, lo que motivó tratamiento especializado en salud mental.
"Lleva dos años en terapia, acudiendo al psiquiatra y al psicólogo", confirma la letrada a este periódico. El Ministerio Fiscal pide penas de 13 años y la acusación particular de hasta 15 años de prisión, así como medidas de alejamiento de más de 20 años e indemnización por los daños psicológicos acreditados en los informes forenses.
"Hay que proteger la intimidad de la víctima"
Los procesados niegan los hechos y sostienen que las relaciones fueron consentidas. El tribunal ha admitido la práctica de numerosas pruebas, entre ellas informes médicos, las declaraciones de agentes policiales y testigos, así como las exploraciones psicológicas de la víctima.
La representación legal de la acusación particular, que lleva Silvia Moraleda, destaca la "importancia de proteger la intimidad de la víctima y de que el proceso se desarrolle con las máximas garantías, evitando la revictimización y permitiendo que pueda declarar en un entorno seguro".
"El juicio pondrá de relieve de nuevo la necesidad de garantizar la protección de las víctimas de delitos sexuales, evitando su revictimización y asegurando que puedan declarar en un entorno seguro, sin confrontación directa con los acusados", insiste la letrada.