Urbanos Amarillos levanta acta notarial y acudirá a la Justicia por el rescate de los autobuses

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Un notario ha levantado esta mañana acta en el Ayuntamiento de Jerez, el mismo día en que el gobierno local ha puesto fin tras dos años al secuestro de la concesión de este servicio obligatorio y ha comenzado a prestarlo de manera directa. De esta manera, la empresa concesionaria Urbanos Amarillos ha dejado constancia notarial de que el Ayuntamiento, que al parecer no ha notificado nada formalmente a la empresa, ha comenzado a prestar por su cuenta y riesgo el servicio directamente, sin haber rescindido definitivamente el contrato que le liga a la mercantil sevillana. El siguiente paso que dará la empresa, según ha podido saber La Voz del Sur Jerez, será llevar al Consistorio, en manos del PP, a los tribunales.

En las últimas horas el gobierno local se ha aferrado a un dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía para mantenerse firme en su determinación de municipalizar el servicio y absorber a la plantilla de trabajadores del mismo, que pasan a depender del Ayuntamiento tal y como se les había prometido. Urbanos Amarillos, en cambio, asegura que para certificar su salida de la ciudad habría que reintegrarle un aval que depositó al inicio de la concesión por 5,3 millones de euros frente a los 10 millones que asegura el equipo popular que le reclaman. El Consistorio dio el pasado 14 de febrero 20 días hábiles a Urbanos Amarillos para que acreditara “la desaparición de las causas que motivaron el secuestro; debiendo justificar estar en condiciones de proseguir la normal gestión del servicio”. Según el 'ejecutivo' de la alcaldesa Pelayo, dicha acreditación no se ha producido por lo que ha cortado por lo sano y ha cumplido su promesa de rescatar y gestionar de manera directa el servicio. Una decisión, al tiempo, que frena cualquier posible conflicto laboral en las puertas de la Feria del Caballo, ya que la plantilla ya barajaba esta posibilidad si no se producía una medida que se prometió en principio para el pasado 1 de enero 

En cualquier caso, al gobierno local del PP le ha costado aceptar que la gestión directa era la fórmula más rentable para prestar este servicio básico para los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. En el primer tercio de la legislatura, con la plantilla de los autobuses en pie de guerra por los impagos, llegó a hablar de que la municipalización es algo "inasumible" y que una decisión así implicaba "despidos" y "menos vehículos". O sea, recortar de arriba a abajo el servicio. Los malos augurios electorales y el desgaste propio y ajeno ha provocado que el PP con la alcaldesa Pelayo al frente haya reculado en multitud de ocasiones más por conveniencia partidista que por convencimiento propio. Si bien no cabe duda de que la mejora experimentada en el transporte urbano, en cuanto a estabilidad laboral fundamentalmente, ha sido decisiva en estos dos años. Efectivamente, si el servicio ha crecido en número de usuarios ha sido lógicamente por la certidumbre de los pasajeros de que éste no se haya encontrado día sí, día no de huelga, y no tanto por la mejora de la red o de la calidad de una flota paupérrima.

En un primer momento el PP incluso trató de que Alsa relevara en la concesión a Urbanos Amarillos si bien nadie quería llegar a la ciudad con los precios fijados en la adjudicación para la empresa sevillana y con una plantilla "muy conflictiva", según se adujo en su momento. El gobierno local llegó incluso a elaborar un documento interno planteando tres posibles escenarios para este servicio. En ese momento Javier Durá, entonces delegado de Movilidad, mantuvo que "nos cuesta más caro la municipalización que la gestión con la empresa". Y también fue rotundo al reconocer que la búsqueda de otra concesionaria no va por buen camino. "Las noticias no son optimistas. La situación económica, la de los bancos y la plantilla son factores que han jugado, en algunos casos ha pesado más unos que otros, pero no aconsejan a que las empresas vengan a Jerez".

Sobre los tres escenarios de aquel estudio municipal, una primera opción pasaba por la municipalización en las mismas condiciones actuales (con 45 autobuses) y conllevaba un coste hasta 2026 (fecha en la que estaba fijado el fin de la concesión de Urbanos Amarillos) de 114 millones de euros para el Ayuntamiento, sin inflación y "sin optimizar". La segunda opción que se barajaba era ahorro un 5% en los dos primeros años de aplicación mediante cambio en el cuadro horario de personal y otro ahorro del 5% en combustible y seguro pero también con 45 autobuses. Aquí el coste sería de 101 millones de euros. En cuanto a la tercera vía, con "mayor ahorro para las arcas municipales", planteaba reducir un 35% el servicio, rebajando autobuses (dejar solo 28 vehículos) y personal, con 30 despidos de empleados fijos y 15 eventuales. El coste sería de 88 millones de euros, unos 400.000 al mes frente a los más de 600.000 actuales.

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