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Clara y David viven a cinco minutos en autobús de su colegio, en la barriada rural. Sin embargo, si quieren seguir disfrutando del transporte escolar, tendrán que estudiar a 15 kilómetros de sus casas.

A veces, las cosas son más fáciles de lo que parecen. O más bien se podría decir que al ser humano le gusta complicarse su propia existencia y la de los demás. En este sentido la burocracia tiene mucho que ver en esto, ya que en ocasiones se antepone al sentido común.

Clara, de 11 años, es vecina de La Ina, en concreto de la zona denominada El Palomar. En unos días empezará a estudiar primero de ESO, pero en lugar de poder hacerlo en el colegio en el que lo ha hecho hasta ahora, el CEIP La Ina, a escasos 10 minutos de su casa en autobús, se ve en la situación de que la delegación provincial de Educación, ciñéndose a un decreto –el 287/2009 de 30 de junio-, le niega el transporte escolar hasta el mencionado centro.

Así, si Clara quisiera seguir disfrutando de este servicio tendría que estudiar a 15 kilómetros de su domicilio, en el IES Fernando Quiñones de Guadalcacín, a unos 30 minutos en autobús desde su domicilio. En total, 30 kilómetros y una hora contando la ida y la vuelta, todos los días, de lunes a viernes. ¿Por qué?

El mencionado decreto, en su capítulo II, artículo 8.1, establece que “la consejería competente en materia de educación determinará los centros docentes receptores del alumnado con derecho a la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar por etapa educativa y zona de residencia”. En definitiva, dicho servicio de transporte escolar, para alumnos de secundaria de los CEIP donde aún se imparte primer ciclo de secundaria –caso del CEIP La Ina- “pasará al servicio de transporte de los IES a los que están adscritos” (en su caso, el Fernando Quiñones). Curiosamente, este decreto no afecta a los alumnos repetidores de Primero de ESO, que sí podrán seguir estudiando en La Ina y disfrutando del servicio de autobús.

Pero Clara no entiende de burocracia ni mucho menos de farragosos decretos. Ella sólo es una niña. Para pelearse con los mayores ya está su madre Conchi, que aún así tampoco comprende el por qué de este absurdo. “Mi marido trabaja y yo no tengo carné de conducir, así que no puedo llevarla al colegio. Pero es una tontería que pudiendo ir a clase en el autobús en el que siempre se monta con sus compañeros y vecinos, que además no se llena, tenga que irse hasta Jerez, que está a media hora de su casa”.

Con el mismo problema se encuentra David, de 12 años, que también va a empezar Primero de ESO. Se da la circunstancia de que hasta el año pasado estuvo estudiando en Jerez, concretamente en el CEIP El Retiro. Sin embargo, ahora vive con su familia en Los Cejos del Inglés, también en La Ina, de ahí que su madre, Lorena, lo quisiera matricular en el centro educativo de la barriada rural.

“Al principio le denegaban que estudiara aquí, y después de recurrir y darnos la razón nos vemos en el problema de que ahora no puede ir en autobús hasta allí, sino que lo mandan al Fernando Quiñones, cuando de mi casa a la parada hay un carril de dos kilómetros y otros dos hasta el colegio, en total 10 minutos”.

Desde la dirección del colegio apoyan a las familias, al igual que la delegada de la barriada rural, Susana Corredera, quien considera que la medida de suprimir el derecho del transporte escolar al centro más cercano “no hace más que mostrar una falta de sensibilidad hacia las personas que viven en el mundo rural”, además de pedirle “a aquellas personas que planifican un poco de tiempo para reflexionar sobre lo que suponen este tipo de decisiones sobre la vida de menores”.

De momento, desde Educación siguen diciendo nones a los escritos presentados por las familias. Clara y David tendrán este año, más que nunca, una dura vuelta al cole. 

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