El portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, será el encargado de presidir un órgano que controle que las concesionarias se vuelquen en el interés social antes que en la rentabilidad mercantilista.
El pasado pleno de marzo aprobó la propuesta del gobierno, a petición de Izquierda Unida, para constituir una nueva domisión especial con objeto de controlar y fiscalizar la correcta prestación de los servicios públicos que están bajo la fórmula de gestión indirecta, a través de empresas privadas de diversa índole. La nueva comisión especial de pleno estará presidida por el portavoz del grupo municipal de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, y tendrá por objeto impulsar la puesta en marcha de acciones que permitan fiscalizar el estricto cumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de las empresas concesionarias, ejecutar auditorías y trabajos técnicos que permitan valorar el grado de eficiencia en la prestación de los servicios públicos y detectar posibles deficiencias así como proponer las medidas oportunas para defender el interés general frente a posibles incumplimientos por parte de las diferentes empresas.
A juicio de Izquierda Unida, "el interés netamente mercantilista de las empresas privadas supone, de facto, una amenaza frente a la esencia misma de los servicios públicos, aportando un enfoque mercantilista a actividades que debieran girar más en torno a las necesidades sociales de las personas que sobre el beneficio o la rentabilidad económica". Una amenaza, ha insistido, "cuyos efectos pueden ser muy negativos para nuestros servicios si no existe una debida tutela por parte de la administración competente".
En el caso del Ayuntamiento de Jerez, son distintos los servicios públicos encomendados a empresas de carácter privado. Sin embargo, que en su momento se decidiera apostar por ese modelo, "que IU jamás ha compartido, no inhibe, o no debiera hacerlo, a esta administración pública de su responsabilidad de fiscalizar la forma en que esos servicios llegan a la ciudadanía, garantizando que ésta se lleva a efecto en las mejores condiciones, haciendo de contrapeso y defendiendo el interés público frente a la lógica mercantilista, basada en la reducción de gastos para la obtención de beneficios".
Y es por ello que, en tanto que la esencia misma de los servicios públicos emana de una voluntad política, en la política, ha agregado, "ha de situarse la garantía de defender el carácter público de los mismos frente a posibles interferencias que tengan más que ver con lógicas de mercado que con la necesidad de ofrecer una respuesta a las necesidades sociales de los ciudadanos". Según Raúl Ruiz-Berdejo, "la prestación de los servicios públicos, por más que pueda haber sido en algunos casos privatizada, no debe quedar al margen de un estricto control político, que vele por evitar que la lógica del mercado sitúe en un segundo plano el verdadero objetivo de nuestros servicios públicos. Y si hay empresas privadas que pretenden hacer negocio a costa de ellos, deben saber desde ya que este Ayuntamiento va a poner todos los medios a su alcance para impedir que nuestros servicios públicos y el interés general se vean sometidos por esa lógica mercantilista".