"¿Por qué tenemos que pagar ahora multas y con intereses? Si es Hacienda la que nos ha informado mal, nosotros nunca nos hemos negado a pagar". Quien habla es Luis Caballero, un pensionista jerezano que, tras trabajar durante la mayor parte de su vida en el extranjero, ha retornado a su ciudad natal para disfrutar de su jubilación, pero que se ha encontrado con una desagradable sorpresa: Hacienda le ha trasladado requerimientos y multas por no haber declarado en su día las pensiones recibidas del extranjero desde 2008, aunque "siempre nos dijeron que no hacía falta". En Jerez se calcula que hay unas 900 personas en la misma situación.
Fue en 1964 cuando Luis emigró a Francia, donde ha trabajado durante más de 40 años como encargado de obra. En 2008, tras jubilarse, volvió a Jerez ya que "como es normal, la tierra nos tira". Nada más llegar, se presentó en Hacienda para hacer la declaración de la Renta, "pero nos dijeron que no teníamos que hacerla aquí, sino en el país que trabajamos, y en Francia nos decían que debíamos hacerla en España. Aún así, al año siguiente volvimos a preguntar y nos dijeron lo mismo".
Cual fue su sorpresa cuando en 2012 recibió una carta en la que le instaban a pagar los impuestos atrasados de los últimos cuatro años, "con intereses del 17% además". Tras calcular sus ingresos de los últimos cuatro años, entre multa e intereses le reclamaron 21.000 euros, que abonó al instante. "Uno se asusta y lo primero que hace es ir a pagar", asegura Luis. Más tarde, cuando le llegó la documentación procedente de Francia, comprobó que había declarado más de lo que había ingresado, por lo que reclamó la diferencia. "Me devolvieron 600 euros, pero con un interés del 1%, cuando yo había pagado un 17%", reclama.
En la declaración de este año, Luis estima que tendrá que abonar entre 5.000 y 6.000 euros. "Lo poco que ahorro es para Hacienda, y mis hijos como no tienen, pues el más chico se me acaba de ir a Canadá". Luis considera que el daño que le están haciendo a este colectivo, "lo van a pagar en las urnas, porque no somos nosotros solos, que en España habrá casi un millón y medio de afectados, sino nuestras mujeres e hijos también". Este jerezano no entiende que les sancionen "con la de gente que hay que se lleva su dinero fuera del país, y nosotros lo que hacemos es traer nuestras divisas desde el extranjero". Luis hace sus cálculos: "Si este millón y medio de emigrantes nos fuéramos otra vez, suponiendo que ganáramos una media de 1.000 euros por mes, serían 1.500 los millones de euros mensuales que se quedarían en el extranjero".
Su cuñado, Antonio Lara, se encuentra en una situación parecida. También ligado al mundo de la construcción, se fue a Francia nada más terminar el servicio militar. "Lo poquito que ahorrábamos lo mandábamos a España, en verano veníamos aquí de vacaciones con nuestros hijos para gastar el dinero aquí... y ahora nos tratan de defraudadores, de delincuentes. ¿Dónde está el delito que hemos cometido?", se pregunta.
Antonio asegura que "no nos negamos a pagar, pero lo que nos corresponde". Este jerezano cuenta que "un día casi me echan de Hacienda por jartible, porque les dije que quería hacer la declaración ya que desde Francia me pedían un justificante y se negaron a dármelo. Llamé a la central de Madrid y me llegaron a dar cita para hacerla, pero aquí me volvía a decir que no era necesario". Con el tiempo, afirma que "han llegado a reconocer el error, pero aún así nos reclaman el dinero, cuando nosotros no tenemos culpa".
Ahora mismo, de la pensión de 1.200 euros que tiene, le descuentan 530 euros para pagar las liquidaciones de IRPF que le reclaman. "En 2008 empezaron quitándome 235 euros y ya van por 500, he calculado que dentro de unos años me van a quitar casi más de lo que gano. Esto es una hipoteca que va a ser para toda la vida". Antonio se lamenta de que "a mis hijas, que tienen los maridos en el paro, ahora no puedo ayudarlas, porque lo que tengo es para pagar".
Antonio confiesa que "he llorado mucho y cada noche pensaba: ojalá me durmiera y cuando despertara tuviera ya 60 años para volver a España, pero ojalá eso no hubiera ocurrido y me hubiera quedado en Francia". Asegura que se está pensando volver al país galo, donde tiene viviendo a sus tres hijas y en el que "pagaría unos 900 euros de impuestos al año, tres veces menos que aquí". Tras encontrarse con esta situación asegura: "Hemos vuelto con toda la ilusión del mundo y nos están arruinando la vida en nuestro país".
"Cuando veo al cartero me asusto, porque temo otra multa o penalización, ya ni duermo y tomo pastillas para conciliar el sueño", añade. Con todo, Antonio teme que esta "deuda" acabe afectando a su familia. "Estamos asustados porque si fallecemos,tendrán que seguir pagando nuestros hijos. Mis hijas ya me han dicho que las quite del testamento".
La Asociación Española de Emigrantes Retornados (Agader), a la que pertenecen ambos, ha convocado una concentración frente a la delegación de Hacienda de Cádiz el próximo 18 de marzo. Luis insta a los jóvenes a que los ayuden en sus reivindicaciones, ya que "éste no es solo nuestro problema, porque a los que se están marchando ahora les va a pasar lo mismo cuando vuelvan".
El PSOE, que ya mostró su apoyo a este colectivo el pasado viernes, llevará una propuesta de acuerdo al próximo Pleno para que se apoyen sus reivindicaciones y se tenga en cuenta "la situación de indefensión en la que se encuentran”. Los socialistas solicitarán al Gobierno central "que la Agencia Tributaria catalogue las rentas y pensiones de este colectivo como exentas de tributación y que se abstenga de iniciar expedientes sancionadores contras las pensiones de los Emigrantes Retornados no declaradas en el IRPF".
Si no se tuviera en cuenta esta petición, se insta a que por lo menos el Gobierno dé orden a la Agencia Tributaria de anular los expedientes sancionadores y ampliar los periodos de pago, así como la anulación de los intereses generados. Otros Ayuntamientos de la provincia, como los de Sanlúcar, El Puerto, Chiclana y San Fernando, ya han aprobado mociones en este sentido, por lo que el PSOE considera que "es obligación del Pleno municipal posicionarse a favor de estas personas".
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