“Un año haciendo investigación y periodismo”, dice Ricardo Gamaza que ha supuesto la producción del documental ¿Trileros del agua?, presentado en Jerez por el Día Mundial del Agua. El periodista sevillano es el director de un trabajo, desarrollado por el equipo técnico de Ecoperiodismo, y producido por la agrupación de electores Ganemos Jerez, que se presenta en un acto celebrado en la bodega La Constancia, de González Byass, donde no se cabe para presenciar el estreno. “Detrás del documental hay mucha gente”, insiste Gamaza, quien asegura que “los medios han mirado más a los anunciantes que a la ciudadanía”, cuando él considera que “la misión del periodismo es encender la luz para que se vean las cucarachas”.
“La empresa privada hace muchas cosas bien, produce buen vino, y otros muchos productos, pero con el agua no pasa, los usuarios somos clientes cautivos, no podemos prescindir de este servicio”, sostiene Leandro del Moral, catedrático de la Universidad de Sevilla e integrante del Patronato de la Fundación Nueva Cultura del Agua, al inicio del documental, de una hora aproximada de duración. Durante ese tiempo va abordando, desde distintas voces, la situación de este bien esencial en Andalucía, aunque muy centrado en la provincia de Cádiz. Un 74,8% de los municipios andaluces tienen una gestión pública del agua, aunque el 44,6% del agua de la comunidad está en manos privadas, un porcentaje que aumenta hasta el 55% al extrapolarlo a todo el país. Los datos se extraen de un estudio elaborado por los profesores Miguel Ángel García-Rubio y Francisco González Gómez, expertos del Instituto del Agua perteneciente al departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, que analizaron los servicios urbanos de agua de los 778 municipios andaluces.
Leandro del Moral, catedrático de la Universidad de Sevilla. FOTO: MANU GARCÍA.
“No existe asociación entre privatización y mejora de la eficiencia”, reseña García-Rubio, quien considera que este bien constituye “una excelente esfera de negocio para la empresa privada”. Ángela Lara, de la Red Andaluza Nueva Cultura del Agua y miembro de la Marea Azul del Sur, dice durante su aparición en el documental que en este sector “no existe la competitividad”, ya que “si vivo en una ciudad no puedo elegir”. Rubén Sánchez, portavoz de Facua-Consumidores en Acción, asegura que “quienes privatizan son incapaces de gestionar lo público”, lo que considera que es “una grave irresponsabilidad”.
La gestión del agua, en Jerez, pasó en 2013 a manos privadas, cuando el PP decidió privatizar el servicio para los siguientes 25 años, momento a partir del que Aquajerez, la filial con la que opera la multinacional Aqualia en la ciudad, se hizo con el servicio. El gerente de Aquajerez, Enrique Reina, aparece en el documental asegurando que la empresa “garantiza el derecho humano al agua”. Reina, tras preguntas del periodista Ricardo Gamaza sobre el derecho humano al agua que reconoce la ONU, asegura que Naciones Unidas “no dice que deba ser gratuito”. Aquajerez, insiste su gerente, “no corta el agua a nadie por motivos de renta”, y mantiene que “todas las empresas que se dedican a la gestión del agua deben tener margen de beneficio, que es lo que garantiza la sostenibilidad del servicio”.
El documental hace una breve parada en Cádiz, donde ensalza la gestión pública de Aguas de Cádiz, “que apuesta por ampliar y mejorar el número de fuentes”, dice la voz en off de Gamaza. El gerente de la sociedad, Jesús Oliden, explica que si tienen beneficios, “redundan en los habitantes”, ya que “los accionistas de Aguas de Cádiz son los ciudadanos”. Ecoperiodismo también hace escala en San Fernando, un municipio que tiene el “dudoso honor” de ser el primero de Andalucía que privatizó su agua, en 1994, cuando la cedió a Aquagest, que ahora es Hidralia. Desde entonces, apunta el documental, el precio del recibo ha aumentado un 174%. “La ONU no dice que sea un derecho humano gratuito”, sostienen desde la empresa. Sanlúcar, donde también se ruedan planos de ¿Trileros del agua?, es un caso especial, ya que el municipio es de los que peor depura de la provincia, junto a Barbate. “La depuradora vierte agua contaminada al mar”, dice Francisco Oliva, de la plataforma ciudadana Agua Clara. El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que en 2016 defendió en el Parlamento de Andalucía que se garantizara el derecho al agua, es partidario de "prohibir los cortes”.
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