La Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento de Jerez ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz los hechos relacionados con el proceso selectivo de promoción interna para la provisión de ocho plazas de Oficial de la Policía Local, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2021 y 2022. El sindicato denuncia la existencia de indicios de posibles irregularidades graves en la actuación administrativa producida tras la finalización del proceso selectivo, un procedimiento que ya había sido resuelto y refrendado por los órganos competentes del consistorio jerezano.
Según explica UGT en su comunicado, fechado el 19 de febrero de 2026, el proceso selectivo fue resuelto correctamente por el tribunal calificador y refrendado después por la junta de gobierno local, que aprobó la propuesta de nombramiento de ocho aspirantes conforme a las bases de la convocatoria. El aspirante que posteriormente interpuso un recurso no figuraba entre los seleccionados.
Un recurso contencioso-administrativo habría alterado un resultado ya firme, según UGT
El problema, según el sindicato, se habría producido después. Tras la interposición de un recurso contencioso-administrativo por parte de uno de los aspirantes no seleccionados, se habría dictado una resolución ordenando el allanamiento íntegro a sus pretensiones. Según la información de la que dispone la Sección Sindical, esta decisión podría haber supuesto en la práctica la alteración del resultado de un proceso selectivo ya firme y la eventual creación de una plaza adicional no contemplada ni en la convocatoria, ni en la oferta de empleo público, ni en los acuerdos previamente adoptados por los órganos competentes del Ayuntamiento.
UGT considera que estos hechos, de confirmarse, podrían afectar de forma directa a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, así como a la seguridad jurídica del procedimiento y a los derechos del resto de aspirantes que participaron en el proceso selectivo en condiciones de legalidad y concurrencia competitiva.
El sindicato denuncia que la decisión se habría adoptado sin informes jurídicos ni intervención del tribunal calificador
Resulta especialmente preocupante para el sindicato que decisiones de esta trascendencia pudieran haberse adoptado sin constancia de un procedimiento administrativo completo, sin informes jurídicos previos conocidos, sin intervención del tribunal calificador y sin un nuevo acuerdo formal de los órganos colegiados a los que legalmente corresponde la competencia en materia de procesos selectivos. Un conjunto de ausencias que, a juicio de UGT, refuerza la gravedad de los hechos denunciados.
Ante la relevancia jurídica y administrativa de lo ocurrido, el sindicato ha considerado necesario poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en el ejercicio de sus competencias, valore si pudieran ser constitutivos de ilícito penal o de cualquier otra responsabilidad. UGT ha querido dejar claro en su comunicado que esta actuación no responde a intereses personales ni políticos, sino a la defensa de los procesos selectivos públicos, de la igualdad de trato entre aspirantes y del respeto a las bases que rigen el acceso a la función pública, las cuales deben ser firmes, objetivas y no modificables de forma arbitraria una vez finalizado el procedimiento.
La organización sindical ha reiterado su plena disposición a colaborar con la Fiscalía en el esclarecimiento de los hechos, aportando cuanta información y documentación resulte necesaria para el desarrollo de las investigaciones que el Ministerio Fiscal estime oportunas.