La empresa estatal, salpicada por la trama Gürtel y con un ERE para más de 1.300 empleados declarado nulo por la Audiencia Nacional, ha llegado a Jerez de la mano del exministro Miguel Arias y se le han encargado actuaciones tan variopintas como remozar el cementerio, reformar la calle Larga, asfaltar calles, rehabilitar iglesias e incluso enfrentarse a una posible vulneración del derecho a la huelga durante el conflicto de la basura hace año y medio. Empresarios de la construcción se han quejado formalmente al Ayuntamiento al no poder optar a las muchas obras ejecutadas.
Operarios y maquinaria de Tragsa retiran toneladas de basura en la huelga salvaje de Urbaser de hace año y medio en Jerez.
Que no le engañe el significado de sus siglas, Transformación Agraria SA, porque Tragsa puede servir para casi todo. Lo hemos visto en Jerez en estos tres años. Llegada de la mano del ex ministro de Agricultura, el jerezano de adopción Miguel Arias Cañete, la empresa estatal vinculada a la protección del medio ambiente, la sostenibilidad del medio rural y los servicios, lo mismo te construye nuevos nichos en el cementerio, que asfalta calles y rehabilita Santiago, que te quita con sus retroexcavadoras toneladas y toneladas de basura durante la huelga salvaje del servicio que presta en la ciudad mediante concesión la empresa Urbaser (Grupo ACS).
Nadie conoce las licitaciones de los proyectos que se han llevado a cabo en Jerez, pese a que la oposición ha demandado información públicamente. Al contrario, como han denunciado en varias ocasiones, "todo es oscurantismo" en las relaciones entre la sociedad pública que preside Miguel Giménez de Córdoba Fernández-Pintado y el Ayuntamiento.
Primera aparición estelar de Tragsa en Jerez. Noviembre de 2012. El Ayuntamiento contrata a la empresa estatal para actuar de emergencia en una huelga de basura que se prolonga durante 21 días. El PP, con una ciudad convertida en estercolero y noticia de portada nacional e internacional, recurre a Tragsa para retirar toneladas y toneladas de basura. En concreto, sus operarios y retroexcavadoras recogen 3,3 millones de kilos de desperdicios. La CGT, sindicato mayoritario en Urbaser (la concesionaria del servicio), asegura que Tragsa fue contratada por el Consistorio para "hacer de esquirol" durante la huelga, retirando la basura en sustitución de los huelguistas. El asunto acabó en los tribunales aunque en abril del año siguiente el Juzgado de lo Social de Jerez dio la razón al Ayuntamiento al "no constatar probada la vulneración del derecho a la huelga ni la libertad sindical”.
Llega Cañete con 5,3 millones de euros bajo el brazo. ¿O no? Septiembre de 2013. El ministro de Agricultura y la alcaldesa de Jerez presentan el plan de actuación para la renovación integral del viario, la remodelación del Cementerio y la puesta en valor de Sementales. Éste fue el titular. En conjunto, 5,35 millones de euros que el Ayuntamiento debe devolver a Tragsa, pues ésta adelanta el dinero y luego se le devuelve. La alcaldesa en ese momento agradeció a Miguel Arias Cañete “su colaboración con el Ayuntamiento de Jerez y su compromiso con la ciudad a través de la firma de este convenio, que hará posible una intervención global de regeneración urbana en todos los distritos de la ciudad y en la zona rural, mejorando la calidad del espacio urbano". Algo más de un mes después, en respuesta en el Congreso, Cañete, entonces responsable de Agricultura, contesta al PSOE: "El ministerio no tiene parte en este convenio. La empresa estatal es solo un medio propio de la administración que se ha puesto a disposición de los ayuntamientos de España por si quieren encargarle y pagarle obras".
La apostilla, vía nota de prensa, del diputado popular Aurelio Romero sumó más lío al desconcierto: "Si se ha podido firmar el convenio con el Ministerio es porque ahora el Ayuntamiento es de fiar, porque el actual gobierno municipal ha hecho sus deberes, ha puesto en orden las cuentas y genera confianza, algo que por desgracia había perdido nuestra ciudad". Más allá de contradecir al propio exministro, lo cierto es que a día de hoy el Ayuntamiento no ha devuelto los 600.000 euros que ya debería haber reingresado al ente estatal correspondiente a la anualidad de 2013. Tampoco se sabe cómo se devolverán los 3 millones de euros que han de abonarse en el presente 2014.
Arias y Pelayo en La Granja, donde Tragsa ejecutó trabajos el año pasado.
Las obras previstas se contratan directamente por Tragsa. Consecuentemente, no hay especiales condiciones para que, de algún modo, las empresas jerezanas tengan preferencia en la contratación de las obras, en contra del anuncio público que hace la regidora popular. Es nuevamente la oposición la que asegura que han llegado numerosas quejas formales al Ayuntamiento por parte de empresarios locales de la construcción quejándose de esta circunstancia. La alcaldesa aseguró que las actuaciones “generarían carga de trabajo para las empresas de la zona" pero la polémica salta nuevamente con la contratación de una empresa murciana para reurbanizar el adoquinado de calle Larga. Nadie sabe qué trabajos con exactitud qué trabajos y qué empresas se han encargado de ellos.
Por último, es la Iglesia y Santiago quienes dan aún más protagonismo a Tragsa en Jerez. En febrero de este año la sociedad estatal retomaba oficialmente los trabajos de rehabilitación y consolidación del templo. La alcaldesa agradece en rueda de prensa al Grupo Tragsa que haya asumido el reto de esta obra tan compleja y al Obispo que haya decidido "liderar esta obra". El ente estatal adelanta el dinero y la Iglesia busca fondos. La enésima polémica salta esta semana. El Ayuntamiento destinará 400.000 euros del canon por la privatización del agua para la Iglesia, que a su vez ésta invertirá en rehabilitar Santiago con Tragsa al frente.
De la Gürtel al mayor ERE en una sociedad pública
La Audiencia Nacional declaró en abril pasado nulo el ERE puesto en marcha en Tragsa, el mayor en una sociedad pública en la historia democrática española. Según publicó Infolibre.es, el grupo seguía contratando, también a cargos y personas ligadas al PP, mientras despedía a un total de 1.336 trabajadores. El Grupo Tragsa, constituido en 1977, presta servicios agrícolas, ganaderos y forestales a las Administraciones y su titularidad es 100% pública, siendo la tercera empresa que más ingresos aporta a la Sepi, detrás de Correos y casi a la misma altura que Navantia. Aunque la Sepi es su principal accionista con un 52%, el holding está controlado por el Ministerio de Agricultura, que posee un 38% y designa a 8 de sus 15 consejeros.
El grupo socialista en el Senado, publica Elconfidencial.com, ha presentado una batería de preguntas al Gobierno sobre la gestión económica y administrativa del Grupo Tragsa, entre las que se incluyen cuestiones sobre los contratos efectuados por Tragsa entre 1999 y 2005 con Orange Market y Special Events, las empresas controladas por el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa.
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