La tensión era palpable en los pasillos del edificio judicial de la avenida Álvaro Domecq minutos antes de que se celebrara el primero de los juicios individuales por el ERE municipal. De un lado, los trabajadores afectados cuyos casos se juzgaban hoy, arropados por otros que los tendrán en los días venideros o que estaban citados a declarar en calidad de testigos. De otro lado, los representantes del gobierno municipal que tenían que declarar igualmente como testigos, caso del primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña; la delegada de Medio Ambiente y Deportes, Felisa Rosado; la delegada de Juventud y Educación, Lidia Menacho; el responsable de Turismo, Cultura y Fiestas, Antonio Real, además de Javier Durá, que también hizo acto de presencia como delegado de Personal y Seguridad. También estuvieron presentes los alcaldables Raúl Ramírez (Foro Ciudadano), Santiago Casal (PA, que también es uno de los afectados por el ERE) y Mamen Sánchez (PSOE), que acudieron para mostrar su solidaridad con los trabajadores afectados, e incluso en el caso de la socialista para declarar como testigo, algo que finalmente no ocurrió.
Miradas esquivas, en el caso de unos, y otras más desafiantes hacia los delegados, que aguantaban la papeleta como mejor podían. Entre los extrabajadores municipales muchos nervios, aunque también esa pizca de esperanza necesaria para afrontar el último tramo de este calvario que empezaron a sufrir en marzo de 2012, cuando se supieron despedidos, y que ya ha pasado por diferentes etapas, algunas positivas como cuando el TSJA les dio la razón, y otras más duras, como cuando el Supremo revocaba la sentencia del alto tribunal andaluz para darle la razón al Ayuntamiento. Una decisión que contó con una fuerte contestación de la propia sala del TS con un voto particular que pidió la nulidad del procedimiento.
“¡Todo lo que habéis dicho es mentira! ¡Ocho meses me tuvisteis sin trabajo ninguno! ¡Sinvergüenzas!" Llorando y con estas palabras, dirigidas a los miembros del gobierno municipal Javier Durá, Felisa Rosado y Antonio Saldaña, se manifestaba Lola Caravaca tras celebrarse su juicio, el primero que ha tenido lugar de las decenas de vistas que quedan por delante en los próximos meses. Caravaca descargaba así todos los nervios que había ido acumulando antes y durante la vista, y casi se podría decir que desde el mes de marzo de 2012, cuando conoció su despido. En su caso, además de la arbitrariedad que denuncia tanto ella como el resto de afectados, achaca su despido a criterios de discriminación política, al ser conocida su afinidad a uno de los partidos de la oposición durante su etapa como trabajadora municipal.
Durante esta primera jornada ha quedado confirmado que el Consistorio, en caso de declararse algún despido como improcedente, optará por la indemnización y no por la readmisión. De otro lado, el Ayuntamiento, tanto por boca de su representante legal, Deloitte, como por la de los delegados que han declarado este lunes, ha vuelto a defender que el hecho de que no hubiera una valoración escrita no significa que existiera arbitrariedad, sino una valoración previa basada en criterios “de evaluación continua”, como la antigüedad en el puesto o la polivalencia del trabajador, entre otros. Así y todo, el juez encargado del caso, Lino Román, durante la comparecencia como testigo de la delegada de Deportes -Felisa Rosado- en el primero de los juicios, volvió a incidir en esa valoración escrita inexistente, preguntándole si no era “lo más normal, y para que hubiera mayor transparencia, que eso se hubiera puesto por escrito”, a lo que ésta respondió un tanto vacilante que no lo hicieron así por la “presión tan fuerte que teníamos”.
No fue la única vez que la palabra de los propios delegados fue puesta en entredicho, tanto por el juez como por Antonio Ortega, el graduado social que representa a muchos de los afectados. Así, precisamente la propia Felisa Rosado señaló que para conocer una “radiografía” de los empleados y plantear así las evaluaciones se valió de conversaciones con los respectivos jefes de departamento, si bien, cuando le tocó declarar a uno de estos técnicos, negó haber participado en la elaboración de las evaluaciones ni haber tenido conocimientos de que se hubieran realizado por escrito. Es más, afirmó que ni siquiera supo cómo se llevó a cabo el proceso de selección. Respecto a los primeros juicios de los mayores de 59 años que salieron con el ERE, Antonio Saldaña afirmó durante uno de estos juicios que este criterio venía perfectamente reflejado, como así de hecho señaló el Tribunal Supremo en su sentencia. Así y todo, y ante las dudas que planteó el juez en estos casos, Antonio Ortega defendió que la decisión no fue ajustada a derecho al no haber existido negociación individual, mencionando jurisprudencia en este sentido -precisamente del Supremo-, a favor de empleados de Telefónica.
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