El sindicato interpone una querella contra la regidora y la teniente de alcaldesa por posibles injurias y calumnias por asegurar que dos miembros del sindicato llevan años sin pisar su puesto de trabajo.
La alcaldesa Mamen Sánchez y la teniente de alcaldesa de Recursos, Laura Álvarez, están llamadas a declarar el próximo 5 de abril tras la querella interpuesta por CGT, tras declaraciones del gobierno local, en junio de 2016, en las que aseguraba que dos miembros del sindicato no habían acudido a su puesto de trabajo "durante todo el año". El comunicado de prensa municipal apunta que un representante de esta sección sindical, "ha venido fichando como si estuviera trabajando, cuando participaba de forma pública en actividades sindicales, evitando con esta actitud que se puedan controlar el número de horas sindicales que ha usado y las horas de trabajo efectivo que ha realizado", y añadía que "sus situaciones obedecían 'un acuerdo tácito' con los diferentes gobiernos municipales desde hace más de 15 años".
El sindicato considera "desafortunadas" declaraciones de Sánchez y Álvarez, que tuvieron repercusión en medios nacionales e internacionales. CGT apunta, en una nota de prensa, que presentó una solicitud de conciliación, con fecha 6 de julio de 2016, ante el juzgado de primera instancia de Jerez, donde debían reconocer que tanto la nota de prensa emitida como las declaraciones orales que emitieron en diversos medios de comunicación eran rotundamente falsas, pero no asistieron, por lo que interpuso una querella Criminal ante el Juzgado de instrucción nº 2 de Jerez el 17 de febrero de 2017, por injurias y calumnias.
"La sección sindical de CGT del Ayuntamiento tacha la conducta de las dos ediles socialistas de dictatorial y absolutista, sin importarles malgastar los maltrechos recursos económicos del Ayuntamiento en perseguir a los propios trabajadores municipales que no se doblegan a una voluntad que no entiende de siglas ni partidos políticos", recoge la nota, en la que lamenta "que en un partido como el PSOE se lleven a cabo estas políticas antisociales".
El gobierno local dijo cuando denunció la situación que pretendía "acabar con este tipo de situaciones, que suponen un agravio comparativo importante respecto al resto de representantes sindicales y respecto al conjunto de los trabajadores municipales, además de suponer un grave incumplimiento de las obligaciones laborales". El Ayuntamiento abrió entonces expedientes disciplinarios a una serie de representantes sindicales de CGT —y también del SIP— por posibles faltas graves. "Todos los reseñados son casos puntuales, que en ningún caso se pueden tener como proceder habitual entre los representantes del resto de las diferentes organizaciones sindicales de este Ayuntamiento, incluso tampoco del resto de representantes de los sindicatos SIP y CGT que sí cumplen con sus derechos y obligaciones sindicales y laborales", remataba el comunicado.