Saldaña quiere acelerar el desalojo de okupas que generan "conflictos" e "inseguridad"

El PP propone al Ayuntamiento la creación de un censo de viviendas okupas y que se pueda conseguir un desalojo judicial rápido

Antonio Saldaña y Jaime Espinar, del PP, en rueda de prensa el pasado verano de 2019.
Antonio Saldaña y Jaime Espinar, del PP, en rueda de prensa el pasado verano de 2019.

El PP de Jerez quiere que el Ayuntamiento de Jerez ponga en marcha un plan municipal de gestión de las okupaciones ilegales especialmente vinculadas a aquellas relacionadas con mafias o que provocan problemas de seguridad y convivencia. El portavoz popular Antonio Saldaña presenta la propuesta explicando que el problema de las ocupaciones ilegales afecta de manera generalizada a la ciudad, aunque hay zonas donde es más acusado como la calle Nueva, la Barriada España o Picadueñas.

Los populares señalan que el Ayuntamiento no puede estar ajeno a "una realidad social que genera conflictos, inseguridad, costes adicionales para administraciones y comunidades de vecinos y una pérdida de valor para los inmuebles". Una situación agravada, añade Saldaña, porque en Jerez hace tiempo que no se promueven viviendas sociales.

La propuesta de este plan municipal contempla medidas concretas para que desde el Ayuntamiento y la empresa municipal de vivienda se ponga freno a estos episodios que tantos problemas están ocasionando a muchos vecinos de Jerez. Saldaña indicado que se propone crear un equipo de trabajo que surja de la junta local de seguridad (a la que se incorpore personal de servicios sociales) que elabore un protocolo de actuación público y efectivo contra las ocupaciones ilegales así como crear una Oficina Municipal Antiokupas que preste atención a los vecinos afectados con seguridad y confidencialidad.

Del mismo modo, el plan propuesto por el PP contempla la puesta en marcha de un teléfono de atención al afectado, confidencial y gratuito así como el refuerzo de la coordinación y la presencia de los cuerpos de seguridad en las zonas denunciadas, con coordinación de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil (para la zona rural) que pueda personarse de forma inmediata ante una denuncia e impedir la okupación o, si ya se ha producido, requerir al abandono de la vivienda.

Los populares consideran esencial que desde el Ayuntamiento se promueva la denuncia de las ocupaciones ilegales de tal forma que se denuncie lo antes posible y que se pueda conseguir un desalojo judicial rápido, así como coordinación con las empresas suministradoras para que, en estos casos de ocupación vinculada a mafias o vandalismo, éstas impidan los enganches ilegales.

Antonio Saldaña anuncia que quieren que se elabore "un censo de viviendas ocupadas que diferencie las ocupaciones mafiosas de aquellas realizadas por personas con necesidad así como desarrollar y promover un parque de viviendas sociales que aumente la cobertura". Por último, Saldaña explica que la propuesta local busca también el apoyo a la propuesta de Ley Antiokupas que el PP nacional presentó en el Congreso de los Diputados.

El Ayuntamiento ya tiene un estudio sobre viviendas vacías

El gobierno municipal, en respuesta a Saldaña, recuerda que “el Ayuntamiento ya cuenta con un estudio sobre las viviendas vacías que existen en Jerez. Se trata de un diagnóstico específico sobre este tipo de inmuebles, incluido en el Plan Municipal de Suelo y Vivienda que se presentará en septiembre a colectivos y grupos políticos para sus aportaciones”.

La elaboración de este documento finalizó el pasado mes de julio, y responde al compromiso del ejecutivo local con el desarrollo de políticas sociales y de seguridad ciudadana. Asimismo, el Gobierno local añade que, “además de analizar la situación de la vivienda vacía, este plan aborda otros asuntos relacionados como son el parque de viviendas que existe en Jerez; su estado de conservación; y las necesidades de actuación que precisan para mejorar la accesibilidad”. Por último, el ejecutivo local recrimina a este grupo político “que proponga que se han públicas las direcciones de los inmuebles no habitados, algo que no debe hacerse por razones objetivas de seguridad”.

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