La Junta aprueba la nueva Ley andaluza de Memoria Democrática que prohíbe la simbología fascista y obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio.
El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado la pasada semana el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía. El texto se enfrenta ahora al trámite parlamentario definitivo que ampara las recomendaciones de Naciones Unidas, incluyendo además aspectos que superan a la ley del Estado. Por ejemplo, la inclusión de su estudio en el currículo educativo o la ampliación del horizonte temporal –hasta 1982– y de la consideración de víctima del franquismo. Sin embargo, hay cierta ambigüedad a la hora de aplicar la prohibición expresa que hace a la simbología fascita, y por la que obliga a la instituciones a que erradiquen cualquier vestigio.
¿Eso sería aplicable, pongamos el caso, al monumento ecuestre de la plaza del Arenal, dedicado al dictador jerezano Miguel Primo de Rivera? La ley contempla un periodo histórico que va desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982. Éste, dice Wikipedia, ejerció como dictador entre 1923 y 1930, por lo que su memorial en pleno corazón escaparía a las fechas de la norma. Eso, desde luego, no quita para que de forma recurrente se reabra cada cierto tiempo el debate entre partidarios y detractores en la ciudad del conjunto escultórico, y para que la gran mayoría de los jerezanos no le den la más mínima importancia al asunto.
El PSOE-A de Jerez ha mostrado su satisfacción por la aprobación de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que establece el régimen jurídico de las iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en la comunidad autónoma, "bajo los principios de verdad, justicia y reparación". En una nota de prensa, a juicio de la secretaria de Organización de esta formación en la ciudad, Ainhoa Gil, “se trata de una legislación valiente que reconoce a las víctimas y familiares que durante años han clamado justicia social a pesar de que la derecha se ha empeñado en olvidar este triste periodo de la historia de España”.
El proyecto normativo “supera ampliamente la actual legislación estatal y amplia su horizonte temporal al incluir la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista además de la Transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía”, aseguró Gil. Para los socialistas jerezanos, “gracias a esta norma el Gobierno de Susana Díaz cumple su compromiso con el Parlamento, las asociaciones memorialistas y las víctimas” y que desde ahora se abre un periodo de consenso con todos los grupos parlamentarios “con el objetivo de reconocer la deuda con los luchadores por la libertad y la democracia en Andalucía y de forma concreta en Jerez”.
Entre otras novedades, la ley ampliará la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; y facultará a la Administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establecerá la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.
Para el historiador José Luis Gutiérrez Molina, "no queda claro aparentemente que erradicar el monumento del dictador jerezano quede fuera de la ley, pero no sé si es muy adecuado para honrar un espacio público tener en el lugar central a un señor que utilizó bombardeos químicos sobre el Riff". Ya en 2004, diversos colectivos prepararon un escrito pidiendo al Ayuntamiento a que se retirara definitivamente la estatuta ecuestre, que viene presidiendo la plaza desde hace 70 años. Los colectivos entendían que el monumento es un símbolo "caduco de las dictaduras y el militarismo". Cuando temporalmente el caballo se quitó de la plaza por las obras del aparcamiento subterráneo, momento en el que volvió a reabrirse el debate, el entonces exalcalde y delegado de Urbanismo, Pedro Pacheco -hoy, casi un año en prisión-, dijo: "La historia es la historia, que no vengan aquí ahora unos salvapatrias a intentar modificar la historia. El caballo vendrá aquí limpio y escamondado".
"No sé si es muy adecuado para honrar un espacio público tener en el lugar central a un señor que utilizó bombardeos químicos", dice el historiador Gutiérrez Molina
"El monumento de Primo de Rivera no es un símbolo inocente", recopilaba el manifiesto. Y abundaba: "El general estableció una dictadura férrea entre 1923 y 1929 con el apoyo de la monarquía, que supuso la puesta en marcha del militarismo más atroz: se hizo con el poder gracias a un golpe de Estado, reprimió al regionalismo catalán y al anarcosindicalismo, aplicó la pena de muerte a sindicalistas en Pamplona y Barcelona, instauró el partido único, prohibió la libertad de prensa, y masacró a la población rifeña tras el desembarco de Alhucemas (1925). Era un admirador del fascismo italiano de Mussolini, y estableció buenas relaciones con éste. Asimismo, Miguel Primo de Rivera supuso un serio precedente de dictadura militar que marcó la pauta para que años después el General Franco impusiera su régimen fascista".
El escrito, secundado por colectivos y organizaciones como CGT, CNT, Ceain, Carriles, Pro Derechos Humanos..., pedía en última instancia que no se volviese a colocar el monumento "para que nunca más los horrores de la guerra y de lo militar tengan sitio en nuestras vidas". En cambio, no hubo quien alzó la voz defendiendo la importancia del monumento en sí como hecho artístico. No en vano, su autor es el valenciano Mariano Benlliure, gran maestro del realismo decimonónico. Con la Ley de Memoria Democrática andaluz en su recta final para su entrada en vigor, no está tan claro por ahora que el caballo de Primo de Rivera siga trotando por el Arenal.
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