Podemos, como ya hizo hace unos días el Consejo Regulador, lleva a Fiscalía la concesión de licencia para la construcción del parque eólico El Barroso, en el término municipal de Jerez al entender que el gobierno local ha incurrido en una presunta prevaricación. "El artículo 320 del Código Penal castiga la prevaricación cuando se produce en la tramitación administrativa urbanística, y a todas luces es lo que parece estar ocurriendo con las licencias que se han otorgado para estas obras", incide la formación en un comunicado.
Después de acudir a varios plenos en el Ayuntamiento e incluso de interponer una denuncia antes la delegación de Urbanismo y ante la Junta de Andalucía y ante la "inacción" del gobierno municipal, Podemos decide llevar el caso ante Fiscalía, para que se investigue el caso de las obras del parque eólico el Barroso.
La licencia que ampara dichas obras, según Podemos, confronta directamente con la normativa prevista al efecto por el ordenamiento jurídico municipal de Jerez. El propio gobierno local en el año 2019 verificó que el documento de modificación del PGOU no permitía en Suelo No Urbanizable de Especial Protección Viñedos la instalación ni de parques eólicos ni fotovoltaicos ni tampoco la instalación de aerogeneradores.
La portavoz de Podemos en Jerez, Diana Molares, concluye que "se trata de datos contrastables y objetivos, una cuestión que habla por sí sola y que continuamos intentando paralizar. Dijimos que íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestras manos, y este paso que hemos decidido dar de interponer una denuncia ante fiscalía es ejemplo de ello. Reiteramos incansablemente que ésta es una cuestión de legalidad y dignidad para nuestra tierra y nuestra ciudad, queremos energías limpias en nuestra ciudad pero no destrozando el corazón de nuestros viñedos”.
Desde el inicio de las obras, el proyecto ha tenido en frente a multitud de viñistas y, en general, a la sociedad jerezana. El gobierno local, según el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, defendió la legalidad de la inversión —pese a que anunció que expedientaba al promotor por alterar el proyecto— en el pleno del pasado mes de mayo, asegurando que "hay un 90% de viñistas que han alquilado sus parcelas y terrenos a Capital Energy, por tanto, nosotros apoyamos la utilidad pública de este proyecto". "Si hay alguna cuestión de ilegalidad urbanística lo que hay que hacer es irse al juzgado, mañana mismo, pero no estar sembrando continuamente la sombra de la ilegalidad. Cuenta con todos los informes favorables”, añadió.
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