El gobierno local ha ofrecido reincorporaciones "escalonadas" ante la complejidad para cuadrar los números del capítulo de personal del Presupuesto de 2016 con el severo nuevo Plan de Ajuste que habrá que abordar por imposición de Hacienda.
El ejecutivo que preside la alcaldesa Mamen Sánchez no termina de cerrar el frente del ERE municipal tres años después de consumarse los 260 despidos que promovió su predecesora en el cargo. El PSOE trata de encajar su promesa electoral con la realidad catastrófica que se vive en la calle Consistorio. Fuentes municipales han asegurado a lavozdelsur.es que es muy complicado asegurar a día de hoy que todos y cada uno de los alrededor de 120 empleados públicos que han decidido volver a sus puestos puedan hacerlo a lo largo de 2016. Del mismo modo aseguran que es inasumible en la actual coyuntura económico financiera abonar los salarios de tramitación y las indemnizaciones previstas. Por este concepto, la contabilidad municipal señala que habrá que abonar unos 12 millones de euros, si bien habría que descontar en la práctica las indemnizaciones de 20 días que ya se abonaron, acordar con el Ministerio de Trabajo la devolución de la prestación por desempleo percibida, e incluso descontar los ingresos que algunos afectados hayan podido percibir por trabajos que han ido asumiendo mientras se resolvía su situación contractual con el Ayuntamiento jerezano. Las estimaciones apuntan a que podría ser algo más de la mitad de esa cifra la que realmente haya que desembolsar.
De la euforia por el cambio electoral en mayo pasado, los afectados han pasado a parecerse a un volcán larvado a punto de reactivarse si la buena voluntad no se traduce en hechos. Cansados de aplazamientos y largas, señalan una y otra vez al acuerdo de pleno del pasado 30 de septiembre en el que, con la abstención del PP, todos los grupos políticos pactaron que cada trabajador público con sentencia de despido improcedente pudiese elegir entre indemnización o despido. Las noticias que les llegan desde el gobierno local, en cambio, no hacen más que arrojar nuevas incertidumbres. Para esta semana está prevista una nueva reunión entre afectados y responsables municipales para determinar de una vez por todas las condiciones del pago de salarios de tramitación e indemnizaciones (la diferencia entre los 20 días que se abonaron y los 25 'extra' que marca el despido improcedente) y, sobre todo, la readmisión efectiva en los puestos de trabajo.
"Nos da igual que los salarios de tramitación se prorrateen en nuestras nóminas en ocho o diez años, lo importante es que se confirme cuándo está prevista la reincorporación", ha declarado algún que otro afectado a este medio, que insiste en que lo "prioritario" es volver "al puesto que nos arrebataron por la cara, porque así lo dicen las sentencias, y luego ya veremos otras cosas como si se respeta la antigüedad, dónde nos colocan en la RPT o a qué sitio nos mandan". "Esperemos que la próxima reunión sea más productiva porque la última no sirvió de nada", lamentan.
En el último encuentro se vivieron momentos de tensión, pues la propuesta municipal, ofrecida por la propia alcaldesa, hablaba de un regreso escalonado de los 120 afectados que han optado por la readmisión. A ellos se suman otros 14 que ya habrían decidido apostar por los 45 días de indemnización y desligarse definitivamente del Ayuntamiento. El resto hasta los 260 despedidos en septiembre de 2012 son los mayores de 59 años: 116 empleados, que en principio, salvo que el TSJA diga lo contrario en los casos individuales recurridos, estarían fuera de toda negociación. "No podemos permitir que entren de diez en diez, y es injusto también que además las readmisiones vayan en función de la fecha de la sentencia judicial, pues algunos compañeros tuvieron las vistas en julio".
Por el momento, el Ayuntamiento incluirá en los Presupuestos de 2015 a aquellos afectados (7) con sentencia firme, tal y como han confirmado a este medio fuentes municipales. Dichas cuentas no entrarán en vigor hasta alrededor del mes de diciembre, por lo que se da ya por hecho una nueva prórroga presupuestaria por tercer ejercicio consecutivo. Previamente al Presupuesto de 2016 será necesario abordar un nuevo Plan de Ajuste del Ayuntamiento para amortiguar el impacto de las numerosas medidas de recortes y exigencias impuestas por Hacienda y que el anterior gobierno fue esquivando una a una para no enturbiar la carrera a las pasadas municipales. Con este panorama, la realidad dicta que se antoja difícil que las previsiones económicas para 2016 estén en el primer semestre del año, lo que retrasaría aún las reincorporaciones del grueso de afectados por el ERE. Pero lo que es peor, es más complejo aún de encajar el aumento de capítulo 1 (personal) frente al estricto programa de ajustes que habrá que aprobar. Este hecho, que en aquel pleno de septiembre, Mamen Sánchez tildó de "reto", inquieta a los trabajadores afectados. "Si bien el acuerdo establece que las readmisiones se producirán en 2015 y 2016, en el peor de los casos todos tendremos que haber entrado antes del 31 de diciembre de 2016. Si se dice ahora otra cosa será un grave incumplimiento de la promesa que se nos hizo".