El gobierno socialista critica el "nerviosismo" del PP ante las oposiciones en el Ayuntamiento, que hará posible la incorporación de nuevos letrados, y recuerda el gasto del anterior ejecutivo en más de 200.000 euros en abogados.

El expediente de despidos masivos en el Ayuntamiento de Jerez que emprendió el gobierno de la ex alcaldesa del PP, María José García-Pelayo, no solo supuso una enorme fractura social en el municipio, con 260 empleados públicos puestos en la calle. El coste económico para las arcas públicas también ha sido muy elevado, tanto en indemnizaciones como en el coste del procedimiento, que fue encargado directamente a la consultora externa Deloitte. Como ha asegurado el ejecutivo local socialista, el PP gastó más de 200.000 euros durante su mandato en contrataciones de bufetes de abogados externos, siendo especialmente sangrantes los 120.000 euros que destinó a la adjudicación para la defensa de las demandas individuales del ERE mediante un procedimiento negociado sin publicidad, "en el que ni tan siquiera invitaron a tres despachos como obliga la Ley y en el que, además, al ser un importe de 120.000 euros, la Ley exigía que fuese por concurso".

Ante las declaraciones efectuadas por el PP de Jerez respecto a la oferta de empleo público aprobada por el actual gobierno del PSOE, éste considera que "es normal que el PP esté muy nervioso porque estamos dando un giro de 180 grados a la gestión de los recursos humanos, regularizando la desastrosa gestión que hicieron en el anterior mandato, siendo ahora un hito en el Ayuntamiento la aprobación de esta convocatoria para plazas de funcionarios, tras 30 años sin aprobarse". "El PP pretende justificar la pésima gestión que hicieron criticando todas las actuaciones positivas que viene llevando a cabo el PSOE y para ello les da igual mentir, manipular, y padecer amnesia, en un claro ejercicio de cinismo", ha añadido el gobierno local en una nota de prensa. 

Especialmente críticos se han mostrado desde el ejecutivo socialista con el anterior delegado de Personal del PP, Javier Durá, del que han asegurado que "está claro que no aprendió nada de su paso como delegado de Recursos Humanos, ya que letrado es un puesto, no una plaza. De hecho, está incluido en la Relación de Puestos de Trabajo que hizo el PP, y en la oferta de empleo público lo que se sacan son plazas, no puestos". Es decir, han aclarado, los funcionarios o funcionarias que aprueben las oposiciones y saquen una plaza de técnico superior, luego se podrán presentar a los concursos para cubrir los puestos de letrado. "Es normal que Durá no sepa la diferencia entre plaza y puesto, ni sepa que la oferta de empleo público incluye plazas, y la RPT incluye puestos, porque el PP nunca se molestó en sacar una convocatoria así y permitir a la ciudadanía que se presente a oposiciones para plazas de funcionarios".

"La RPT —han agregado— la hizo el PP, con el señor Durá y en ella se puede comprobar cómo el puesto de letrado está reservado a personal funcionario. El Señor Durá o no recuerda ni lo que hizo, o le da igual actuar de forma cínica. Es importante recordar que el problema de la insuficiente dotación de letrados lo originó el gobierno de la Señora García-Pelayo, ya que en la RPT que aprobaron en 2012, determinaron que el puesto de letrado sólo puede ser ocupado por personal funcionario. Hecho que también parecen olvidar los señores del PP, cuando dicen que en el Ayuntamiento hay 50 juristas, omitiendo que la única realidad es que sólo hay siete funcionarios con estudios de Derecho que, en su mayoría, están ocupando puestos también reservados a funcionarios. Por lo tanto, el PP miente deliberadamente cuando afirma que hay 50 empleados que podrían ser letrados".

Del mismo modo, "también olvida el señor Durá que gobernando el PP y siendo él mismo Delegado de Recursos Humanos, se gastaron más de 200.000 euros en contrataciones a bufetes externos. Los señores del PP deberían no seguir en el doble discurso que les caracteriza, uno cuando gobiernan y el contrario cuando son oposición; contrataciones a algunos bufetes que hizo el PP no respetando la Ley, como por ejemplo cuando contrataron a dedo a Deloitte para la defensa de las demandas individuales del ERE".

Respecto a la "desastrosa gestión" del PP que lleva a los tribunales a anular sus acuerdos, como el del Acuerdo-Convenio o el del Plan Especial de Luz Shopping, "hay que recordarle al Señor Durá, que el problema de la ilegalidad del Acuerdo-Convenio ya se sabía, cuando el director del gabinete jurídico que había en 2013 emitió informe en contra, concluyendo que era ilegal y curiosamente ¿qué hizo el PP?, no hacer caso al informe del funcionario y contratar a un bufete externo para que hiciese otro informe. Esta es la doble moral del PP, que cuando gobierna le parece bien una cosa y cuando está en la oposición le parece mal la misma cosa". En cualquier caso, han ultimado, "las sentencias que vienen anulando acuerdos adoptados por el PP, lo que demuestra es la pésima y desastrosa gestión municipal que llevó a cabo el gobierno municipal del PP de la señora Pelayo".

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