Si este lunes el periódico El País publicaba que los magistrados de tres Juzgados de lo Social de Jerez ya han fallado a favor de medio centenar de afectados en el ERE municipal al considerar en las sentencias la improcedencia de sus despidos por parte del gobierno local del PP en 2012, la alcaldesa, María José García-Pelayo, no se mueve ni un ápice de su planteamiento inicial. "Defenderemos el ERE municipal hasta las últimas consecuencias", ha mantenido en declaraciones a los periodistas recogidas por Diario de Jerez. Con estas declaraciones, la líder del PP se ratifica públicamente en lo que siempre ha dejado claro: si las demandas individuales resultaban improcedentes -como parece que ocurrirá con los 70 juicios pendientes que restan hasta mayo- no le temblará el pulso para seguir litigando hasta agotar las vías legales para frenar la readmisión de los afectados.
En cuanto al incremento del gasto público que supondrá optar por las indemnizaciones, Pelayo ha mantenido que "aunque sea duro decirlo porque estamos hablando de personas, cuesta mucho más pagar todos los meses un millón de euros en nóminas". "Ahora mismo se pueden afrontar pagos o se pueden desarrollar programas de empleo porque hemos reducido en un millón de euros la nómina todos los meses. Si readmitimos a los trabajadores, ¿para que hemos hecho un ERE?", ha añadido la regidora jerezana, según recoge este rotativo local. Curiosas afirmaciones, cuando menos, si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento sigue tardando cada vez más en pagar las facturas pendientes a sus proveedores, según Hacienda, y se tiene en cuenta que los programas de empleo se financian principalmente con cargo a la Junta de Andalucía y Diputación.
En última instancia, ha aseverado, "el ERE del Ayuntamiento de Jerez ha sido de los poquitos, por no decir casi el único, que por parte del Supremo se ha ratificado y se ha constado su legalidad (8 votos a favor por 6 jueces en contra). Había causa más que suficiente y justificada para realizar un ERE y el ERE era legal. Ahora lo que se cuestiona es que si las personas concretas deberían haber sido incorporadas o no a ese ERE, nosotros entendemos que sí y lo vamos a defender hasta sus últimas consecuencias en los tribunales". Como recoge El País, "los magistrados dan por acreditado en las más de 50 sentencias ya emitidas que no existe documento alguno en el que se llevara a cabo valoración personal de cada uno de los trabajadores afectados por el despido ni de los no afectados”. Los magistrados, añade, afirman que el gobierno local "echó a empleados públicos con una valoración subjetiva, arbitraria y carente de la aplicación de cualquier parámetro objetivo, es decir, sin valorar el currículo, el tiempo de prestación del servicio, la formación académica para desempeñar un trabajo, ni la competencia técnica ni la polivalencia".
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