El Tribunal Constitucional exime a la farmacéutica alemana de dar la cara ante la justicia por el daño causado a las personas que nacieron con malformaciones, 3.000 en toda España.
Las víctimas de la talidomida —compuesto químico alemán que formaba parte de un medicamento que fue distribuido en el mundo entero— han sufrido un nuevo revés por parte de la justicia. El jueves, 28 de julio, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, ha inadmitido el recurso de amparo presentado por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) el pasado mes de abril. Es la segunda vez, por tanto, que la farmacéutica alemana, Grünenthal, se libra de dar la cara ante la justicia por el daño causado a los afectados, niños, que nacieron con malformaciones en Europa, y España, entre los que se encuentra el jerezano Pedro Fernández, de 35 años.
El Constitucional se ha limitado a dictaminar si el órgano tiene o no tiene competencias para declarar inconstitucional la decisión del Supremo. “No nos corresponde dirimir”, asegura. El dictamen del Constitucional no ha pillado de sorpresa a los afectados. “El tribunal se ha acogido a que está prescrito. Realmente lo que queremos es que se hagan responsable los gobiernos de cada país”, explica el jerezano, uno de los 3.000 españoles afectados por la talidomida. Él forma parte de quien forma parte de Asociación de Víctimas de Talidomida en España y otras Inhabilidades (Avite) de Murcia. Desde Avite han manifestado que presentarán un recurso de revisión y que acudirán al Tribunal de Estrasburgo.
En cualquier caso, después de tantos años de lucha, Pedro Fernández, asegura que confía poco en la justicia y que tanto él como el resto de las víctimas depositan todas sus esperanzas en el Gobierno y en el proyecto no de ley aprobado por unanimidad el pasado mes de abril. Los portavoces de Sanidad votaron a favor de resarcir los daños a las víctimas de la talidomida, tras el fallo judicial del Tribunal Supremo que consideró que la cuestión había prescrito. El acuerdo incluye “la apertura con carácter de urgencia del registro de víctimas, la ampliación del plazo del daño desde el año 1955 a 1985, la puesta en marcha de una unidad de diagnóstico en colaboración con el Consejo Interterritorial y siguiendo criterios científicos internacionales —sin menospreciar las valoraciones del Instituto de Salud Carlos III–, la concesión de prestaciones justas con plazo como tarde de 2018, la cobertura de de servicios de rehabilitación y ortopedia, exenciones fiscales y tributarias y la exigencia a la farmacéutica para que se retrate como ha hecho en otros países".
El problema para poner en marcha esta ley es la falta de formación de Gobierno. “Con la farmacéutica no tenemos nada que hacer. Esperamos que el Gobierno se forme. Todos nos dedican muy buenas palabras pero nadie da un paso al frente, nadie hace nada. No estamos en contra de ningún partido, no los criticamos, solo estamos a la espera”, aclara el jerezano Pedro Fernández.
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