Vecinos de la calle Zaragoza protestan por la inminente instalación de una antena de telefonía móvil. Una moratoria aprobada en enero de 2013 impide estos montajes. El edificio está cerca de un colegio y de una guardería, "espacios sensibles" sobre los que conviene reducir los niveles de emisión.
“No voy a poner precio a la salud de mis hijos”, dice una vecina de la calle Zaragoza. En su bloque se instalará una antena de telefonía móvil. Así lo han decidido la mayoría de los propietarios del edificio, que además de viviendas tiene locales comerciales y varios trasteros, por un solo voto.
No es la primera vez que se intenta instalar una antena en este bloque. Hace 15 años ya sobrevoló la idea, pero en esa ocasión se rechazó. Ahora ha bastado contar con el visto bueno tres quintas partes de los vecinos para llevarlo a cabo. “Para algo así debería estar de acuerdo el 100% de la comunidad”, insiste la vecina que denuncia el caso y que cree que se perjudicará su salud y la de los residentes de alrededor. “Para las reformas hace falta unanimidad, ¿por qué para esto no?”, se pregunta.
El arrendamiento de la azotea para la instalación de esta antena, de la empresa de telefonía Movistar, supondrá unos ingresos para la comunidad de algo más de 7.000 euros al año, unos 600 euros por vecino, que supone una rebaja en la cuota de la comunidad que ronda los 50 euros mensuales. Actualmente pagan entre 170 y 180 euros. El edificio en cuestión está cerca del CEIP José María Pemán y de una guardería, por lo que ya se ha empezado a recoger firmas para evitar su instalación, que en un principio sería por diez años, con dos posibles prórrogas de cinco años. Los vecinos, sospechan, que una vez instalada “costaría la misma vida quitarla”.
La ordenanza municipal reguladora de la instalación y funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas recoge que “las condiciones de funcionamiento de las estaciones radioeléctricas deberán minimizar, en la mayor medida posible, los niveles de emisión cercanos a las áreas de influencia sobre espacios sensibles, tales como escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos”. Por eso confían en que no se termine instalando.
“El dinero fácil nunca viene limpio”, sostiene una de las vecinas, que está disconforme con la instalación. Aunque espera que no se lleve a cabo. El Ayuntamiento aprobó en enero de 2011, a propuesta del PP y de la federación de vecinos Solidaridad, una moratoria en la instalación de antenas en la ciudad. Por eso, tras consultar con personal municipal, esperan que se denieguen los permisos a la empresa de telefonía.
La moratoria se instauró tras querer instalar el anterior gobierno socialista de Pilar Sánchez un total de 166 antenas en toda la ciudad, asegurando que no existía “ningún riesgo para la ciudadanía", aunque finalmente se terminó paralizando. Hasta se creó una plataforma para luchar contra la instalación de estas antenas y los riesgos que supone para la salud. La detección de varias de ellas camufladas provocó las protestas de varios colectivos que no dudaron en movilizarse para provocar su retirada.
Solidaridad hasta llegó a mandar una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en 2013, informando de la situación y pidiendo que “las emisiones emitidas sean tan bajas como resulte técnicamente posible y económicamente sostenible”, de conformidad con el principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable).
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