La diputada jerezana Miriam Alconchel defiende en la comisión de Salud del Congreso una batería de medidas para reparar las anomalías connatales causadas por este fármaco de una empresa alemana que nunca asumió su responsabilidad.
La talidomida es un medicamento que se utilizaba en los años 50 para tratar las náuseas y vómitos de las embarazadas y que provocaba malformaciones fetales y posteriores secuelas de por vida. AVITE es el colectivo que agrupa a los damnificados del producto comercializado por la multinacional Grünenthal que ha eludido siempre el pago de indemnizaciones en España. La diputada jerezana del PSOE, Miriam Alconchel, recogió las demandas de esta asociación y las ha elevado al Congreso en una iniciativa que ha sido aprobada por unanimidad en la comisión de Salud. Alconchel ha destacado que Andalucía ha sido pionera en España en crear el registro de personas con anomalías connatales causadas por la talidomida en Andalucía y cuyo fin es garantizarles un adecuado seguimiento así como mejorar las medidas de atención sanitaria, rehabilitación y prevención. De las 51 personas reconocidas en dicho registro, seis proceden de la provincia de Cádiz, según traslada la diputada de los datos proporcionados por AVITE.
En su intervención, la también secretaria general del PSOE en Jerez se ha congratulado del respaldo unánime obtenido por este colectivo de personas que “ha sufrido muchos reveses y ha luchado durante muchos años para que se reconociera la dramática circunstancia que les afecta desde su nacimiento”. Sobre AVITE ha resaltado Alconchel “su capacidad de diálogo y de trabajo incansable, su labor para que se lleve a cabo el reconocimiento de las víctimas y el resarcimiento de los daños, importantísima a la hora de aportar nuevas informaciones sobre la talidomida y su distribución. No podemos olvidar la gran aportación que han hecho las víctimas de este medicamento a través de su sufrimiento a la sociedad en el ámbito de la fármacovigilancia”.
A juicio de la diputada del PSOE, “es hora de que de una vez por todas pongamos fin a esta terrible injusticia, porque ya se agotaron los momentos de los gestos y debemos avanzar a los hechos”. La que fuera delegada territorial de Salud ha lamentado que en España se continuara con la comercialización del medicamento hasta 1985, “a pesar de que se conocía el daño que producía, y que la empresa, lejos de lo que ha hecho en otros países, se haya negado a dar una respuesta a las víctimas del medicamento, sometiéndolas a un periplo judicial insoportable”.
Alconchel ha reprochado “la inacción del Estado español durante muchísimos años porque no actuó a tiempo para evitar la administración masiva del medicamento, una vez conocidos sus efectos dañinos”, si bien ha resaltado que “en 2009 el Gobierno Socialista reconoció la jubilación anticipada a las personas con anomalías congénitas secundarias de talidomida y que el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, reguló el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por talidomida en España durante el periodo 1960-1965 y aprobó el protocolo para determinar las víctimas de este fármaco, así como se estableció el derecho a una indemnización de entre 30.000 y 100.000 euros en función del grado de discapacidad causado por la medicación”.
“Eso fue un primer paso para el reconocimiento, pero llega ya el momento de que se avance de manera contundente hacia unas medidas más amplias”, ha reivindicado la parlamentaria para asegurar que “desde la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2015 que les reconoce como víctimas pero dictamina la prescripción del delito, la situación requiere aún más de una actuación decidida por parte del Estado Español”.
Reabrir el registro para poder llevar a cabo un adecuado reconocimiento y seguimiento de las víctimas para mejorar la atención a las mismas en todos los aspectos, y que sirva como herramienta para orientar la elaboración de las medidas que se pongan en marcha así como permitir la evaluación del impacto de las mismas.
Constituir una unidad específica de diagnóstico, a través del consejo interterritorial, la cual siga criterios científicos aceptados internacionalmente.
Facilitar los tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos y eliminar el copago en otras prestaciones derivadas de sus lesiones.
Analizar posibles exenciones fiscales y tributarias.
Negociar con Grünenthal para que asuma su responsabilidad y proceda a resarcir los daños.
Llevar a cabo un reconocimiento a las víctimas tanto por los daños causados, como por la aportación hecha en el ámbito de la fármacovigilancia y para evitar que se repitan situaciones como la de la talidomida.
Crear un comité de seguimiento de la legislación que se desarrolle como consecuencia de esta iniciativa con participación de las víctimas y grupos políticos.
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